Por el derecho a gestionar nuestro litoral

El Estado transfiere las competencias relacionadas con las costas al Gobierno de Canarias el pasado 1 de enero, un acontecimiento trascendental que encuentra su fundamento en nuestro Estatuto de Autonomía, reformado en el año 2018. Esto representa un paso hacia una política más equitativa para aquellos que, de manera directa o indirecta, se han visto afectados por decisiones tomadas por una administración ubicada a más de 2.000 kilómetros de distancia, que regula fríamente cuestiones de tanta importancia para nuestra comunidad.

Lamentablemente, la postura del Gobierno de España, que parece ignorar la realidad de nuestras costas y nos trata con su actitud colonialista habitual, dejándonos de incapaces de gestionar nuestros propios recursos, no ha completado plenamente la transferencia de estas competencias, lo que ha dado lugar a un conflicto entre administraciones que aún persiste.

Lejos de quedarnos cruzados de brazos, no cesamos en nuestro empeño por acelerar la transferencia de estos expedientes pendientes lo antes posible, y así se lo trasladamos al Ministerio para la Transición Ecológica el pasado mes de octubre, con un objetivo central: que Canarias sea la que decida sobre su propio litoral y que nos doten de los recursos materiales y económicos necesarios para poder hacerlo de forma adecuada.

En esta línea, esta semana hemos convocado la primera reunión de la Comisión Mixta de Afectados por la Ley de Costas en esta legislatura, con el propósito de abordar la situación de los núcleos costeros que se ven afectados por el atasco burocrático que supone esta transferencia descafeinada de unas competencias que le pertenecen a Canarias y hacer un frente común.

Este atasco burocrático ha generado incertidumbre y obstáculos en el desarrollo de proyectos y la toma de decisiones a nivel local, lastrando aún más a municipios y sectores que pasan por un momento económicamente complejo por múltiples factores, como la pandemia o las guerras.

La gestión de nuestras costas y del espacio marítimo canario debe ser responsabilidad de quienes mejor conocen las particularidades de nuestra geografía y las necesidades de nuestras comunidades costeras. La Ley de Costas, que busca equilibrar la conservación medioambiental con el uso sostenible de nuestros recursos costeros, debe ser aplicada de manera flexible y adaptada a la realidad canaria. No podemos permitir que normativas generales y decisiones centralizadas obstaculicen el desarrollo de nuestras zonas costeras.

En el camino hacia una gestión efectiva y justa de nuestro litoral, es fundamental la colaboración entre el Gobierno de Canarias y las administraciones locales, así como la participación ciudadana. La Comisión Mixta de Afectados por la Ley de Costas es un espacio de cercanía para escuchar a los afectados, entender sus preocupaciones y trabajar en soluciones que respeten la singularidad de nuestras costas.

Está demostrado que esta tierra ha dado los mayores saltos de progreso de su historia cuando ha empezado a tener residenciadas sus competencias. Porque hemos evidenciado, a través de la gestión, que, cuanto más autogobierno, mejor le va a esta tierra y a todos los canarios y canarias.

Canarias, con su diversidad de ecosistemas marinos y su riqueza en recursos naturales, tiene la oportunidad de ser un ejemplo de gestión responsable y sostenible de su litoral. La defensa de nuestro derecho a gestionar nuestras costas no implica un menosprecio a la protección del medio ambiente, al contrario, es un llamado a encontrar un equilibrio justo que beneficie a nuestras comunidades y al entorno natural que nos rodea.

En este sentido, el Gobierno de Canarias está firmemente comprometido para trabajar en estrecha colaboración con los afectados, con las administraciones locales y con todos los sectores involucrados para lograr una gestión del litoral que responda a las necesidades de los canarios y canarias y a la preservación de nuestro patrimonio natural.

La transferencia de competencias relacionadas con las costas representa un avance significativo hacia la autonomía y el autogobierno de Canarias. Es una oportunidad para tomar el control de nuestro destino y asegurar un futuro más próspero y sostenible para nuestras costas y nuestras comunidades. Sigamos trabajando juntos para garantizar que Canarias sea la dueña de su propio litoral y que nuestras costas sean gestionadas con responsabilidad y respeto hacia nuestra identidad y nuestro entorno. El mar es nuestro horizonte y nuestra fuente de vida, y es nuestro deber preservarlo y gestionarlo de manera adecuada para las generaciones futuras.