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La nueva dimensión del caso Mascarillas

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Respecto a la presunta malversación, ya el magistrado instructor lo incluyó tras decretar el secreto de las actuaciones

Editorial -

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Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 12 de noviembre 2022, 23:28

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El caso Mascarillas, que trasciende a la opinión pública en mayo de este año a través de las páginas de este periódico, ha vivido en los últimos días dos hitos significativos: en primer lugar, la dimisión de Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de Salud y, en segundo término, la entrada en escena de la Fiscalía Europea, que reclama la competencia al entender que se pudo producir una malversación de fondos comunitarios en el contrato con la empresa RR7 Services y también en al menos una docena más de compras de bienes y servicios.

Respecto a la salida de Domínguez al frente del SCS, se produjo por voluntad propia pero solo cuando se le comunicó que su destitución iba a ser debatida en el Consejo de Gobierno. A la luz de los acontecimientos, la marcha de Conrado Domínguez debió producirse desde el momento en que se conoció la querella de la Fiscalía Anticorrupción. Como también su destitución debió haberse planteado en ese minuto uno del caso. No se trata de negar la presunción de inocencia -ni del ya exdirector del SCS, ni del resto de investigados-, sino de despejar toda sombra de duda. Así, además, el Gobierno se habría evitado la más que evidente contradicción de que las alegaciones al borrador de informe de la Audiencia de Cuentas que detectó indicios de responsabilidad contable en el contrato de RR7 e irregularidades administrativas en decenas de operaciones más las firmase el propio Domínguez. Como tampoco resulta muy coherente que desde la admisión a trámite de la querella la Comunidad Autónoma se personase en calidad de perjudicada y, sin embargo, tardase cuatro meses en llegar a la conclusión de que era insostenible la continuidad de Domínguez en el cargo.

Respecto a la presunta malversación, ya el magistrado instructor lo incluyó tras decretar el secreto de las actuaciones. Ahora queda por dilucidar si la operación con RR7 queda finalmente bajo competencia de la Fiscalía Europea, pues la Intervención de la Comunidad Autónoma sostiene que se pagó con fondos propios. Pero tanto en ese contrato como en el resto, lo secundario es la titularidad del dinero: lo relevante es saber qué pasó, si hubo malversación, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales, que son los presuntos delitos que hasta ahora se han puesto sobre la mesa. Como también habría que clarificar si las comisiones de las que hablaron los intermediarios derivan en indicios de cohecho.

Esos elementos constituyen la piedra angular del caso Mascarillas, tanto si queda circunscrito al Servicio Canario de Salud y RR7 o si, como apuntaron el propio juez García García-Sotoca, y la Fiscalía Europea, hay más expedientes sobre los que poner luz y taquígrafos.

En cuanto a la dimensión política del caso, plantear ahora una comisión de investigación parlamentaria, cuando el caso está judicializado, no parece lo más operativo. Sobre todo porque las personas directamente implicadas deben responder ante todo en sede judicial. Otra cosa es que se revisen los protocolos que se siguieron y se adopten mecanismos con mayores garantías, pues incluso teniendo en cuenta el contexto del estallido de la pandemia, es difícilmente justificable la omisión de todo tipo de cautelas a la hora de contratar por importe de cuatromillones de euros con una empresa de compra y venta de coches, sin experiencia en el negocio sanitario y cuyo mayor aval, por lo que sabemos, era la amistad de su dueño con un comisionista amigo a su vez de una persona muy próxima a Conrado Domínguez.

Y en clave política, también va a siendo hora de aclarar la protección, tanto dentro del Pacto de las Flores como en la oposición, que ha disfrutado hasta el mismo momento de su dimisión Conrado Domínguez. Los que en mayo callaron y miraron para otro lado tienen muchas respuestas que ofrecer.

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