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Efe
Hay un impuesto injusto en Canarias y se llama 'alquiler'
Tribuna libre

Hay un impuesto injusto en Canarias y se llama 'alquiler'

Un Gobierno que se dice progresista debe demostrarlo con hechos y a través del BOE, diciendo alto y claro a quienes especulan que el alquiler va a dejar de ser el impuesto revolucionario de los privilegiados

Noemí Santana

Coordinadora General de Podemos Canarias y Diputada en el Congreso

Jueves, 29 de febrero 2024, 23:05

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Frustración, ansiedad, vacío. Son las sensaciones que sentirán en las eléctricas, la banca o las grandes fortunas del país cuando les toca asumir su (aún más que insuficiente) contribución a las arcas públicas. Los sectores más privilegiados de la sociedad, que baten récords de beneficios año sí y año también, se lamentan cada vez que tienen que hacer frente a los impuestos «extraordinarios» sobre sus beneficios (que oscilan entre el 1 y el 5%, como máximo). «Los impuestos son injustos», dicen, y señalan al Estado.

Frustración, ansiedad, vacío. En el país real, el de las familias y los trabajadores y trabajadoras, estas sensaciones surgen cada vez que alguien menciona la palabra «vivienda». Mientras el gobierno de Coalición Canaria y PP se estrenaba hace meses perdonando a los ricos el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (»impuesto injusto», decían), la mayoría humilde del archipiélago sufría la enésima subida del alquiler, ¡que solo en Las Palmas de Gran Canaria ya representa más del 80% del sueldo medio de una persona trabajadora!

En las islas, la vivienda se ha convertido en el principal tormento de la clase trabajadora y para afrontarlo que empezar apuntando a las causas. En una tierra en la que teniendo el 20% de las viviendas vacías, los alquileres no dejan de crecer, el problema se llama ESPECULACIÓN y también se llama RENTISMO. Una minoría de grandes propietarios que se dedican a cobrar sin ningún miramiento el verdadero impuesto injusto que se paga en Canarias: aquel que abonan los de abajo no al Estado, sino a caseros sin escrúpulos, fondos buitre y entidades financieras que se llenan los bolsillos con el esfuerzo de la gente de a pie. Podría pensarse que el Gobierno autonómico no es capaz de detener este bucle y se limita a observar impotente. La realidad es bastante peor.

Los gobiernos cuentan con una Ley por el Derecho a la Vivienda para acabar con los abusos

Desde mayo de 2023, todos los gobiernos autonómicos cuentan con una Ley por el Derecho a la Vivienda que permite acabar con los abusos, declarando zonas tensionadas y fijando topes a los precios del alquiler para garantizar el acceso a la vivienda por parte de la ciudadanía. Pero Fernando Clavijo ha decidido ignorar esta norma y hacer la vista gorda con quienes convierten en una jungla el sector inmobiliario. No hay más que ver el reciente decreto de su gobierno para abordar esta materia: Clavijo invita a la gente canaria a vivir en oficinas y locales comerciales mientras ofrece políticas pensadas a medida del bolsillo de constructoras e inmobiliarias. Ladrillo, ladrillo y más ladrillo en una tierra con 211.331 viviendas vacías (¡5 veces más de las que harían falta para cubrir la demanda de vivienda que existe actualmente en Canarias!).

Los buitres inmobiliarios (y quienes tan bien les representan hoy en el Gobierno autonómico) se han declarado en guerra abierta contra quienes sí trabajan y levantan el archipiélago todos los días, convirtiendo el alquiler en un agujero negro con el que sustraer de forma vergonzosa la mayor parte del sueldo que tanto cuesta a nuestra gente conseguir.

La dejación de funciones del gobierno autonómico no puede, sin embargo, ser excusa para la inacción. Nuestro país cuenta con un ejecutivo estatal que debe responder al mandato de la ciudadanía: se votó a un gobierno progresista para que hiciera políticas progresistas.

En las islas, la vivienda se ha convertido en el principal tormento de la clase trabajadora

El gobierno de coalición debe regular con urgencia los alquileres temporales (hoy usados en fraude para evadir la Ley de Vivienda), poner freno al fenómeno descontrolado del alquiler turístico y tomar las medidas necesarias para que la regulación de los alquileres se cumpla en cada rincón del país.

Un Gobierno que se dice progresista debe demostrarlo con hechos y a través del BOE, diciendo alto y claro a quienes especulan que el alquiler va a dejar de ser el impuesto revolucionario de los privilegiados y que el derecho a la vivienda va a respetarse en Canarias y en el conjunto del país.

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