Voces, palabras

No, las mentiras no valen en Política

29/08/2019

De un tiempo a esta parte algunas manifestaciones públicas de partidos políticos más parecen desesperados saltos hacia delante que serenos y racionales análisis de la realidad social, más propios estos de instituciones con visión nada mezquina.

Bien es cierto: el legítimo derecho de toda asociación política es la llegada al poder. Pero, a la par, hay intentos de acceder por el camino más corto como, por ejemplo, cuando se rechazan ciertas líneas rojas imprescindibles para la calidad democrática. Por tanto, no vale la afirmación de que en Política todo vale: ética, decencia y honestidad son conceptos fundamentales, vitales.

El grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados presentó el pasado jueves una iniciativa sobre la inseguridad ciudadana en Barcelona. Esgrime como argumento y ejemplo que distintas empresas de paquetería (Amazón, Seur, MRW) habrían dejado de repartir sus envíos en determinadas zonas de la capital catalana debido a incidentes de seguridad», según destacan algunos medios de comunicación (¿acaso afines?).

Así, por ejemplo, libertaddigital.com lleva en portada el siguiente titular: Ciudad sin ley: Amazon, MRW y Seur no entran en algunas zonas de Barcelona por miedo. El servicio de reparto queda suspendido temporalmente en algunos barrios conflictivos por el aumento de robos y atracos. Según El Español, «El gigante de comercio electrónico y los dos grupos españoles de paquetería interrumpen su servicio en El Besos tras una oleada de robos a repartidores”.

«Bien es cierto: el legítimo derecho de toda asociación política es la llegada al poder. Pero, a la par, hay intentos de acceder por el camino más corto»

Alguno, incluso, va más allá: «Crónica Global se ha puesto en contacto con fuentes cercanas a la operativa de las tres empresas y explica que la decisión de cese de las tres firmas [...] pretende dejar que la Administración actúe para buscar una solución al repunte de este tipo de delitos» (msn.com).

Pero al día siguiente el grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados rectifica y elimina la referencia a las compañías citadas. ¿A qué se debe tan radical metamorfosis?

Elemental: había mentido. Las empresas citadas negaron rotundamente a eldiario.es cualquier modificación en su actividad comercial debida a temor, miedo o pánico: ningún servicio ha sido suspendido, alterado o sufrido el mínimo cambio. No, no hay «determinadas zonas barcelonesas» vedadas por las empresas.

Por tanto, es rigurosamente falsa la afirmación del PP: la señora Álvarez de Toledo, portavoz del grupo parlamentario, única representación catalanopepera en el Congreso -¡y periodista!-, había difundido en documento oficial lo que otros periódicos llaman bulo (Noticia falsa propagada con algún fin), palabra emparentada con mentira, bola, batata (Canarias), embuste, farsa, engaño, trápala... anteriores todas ellas -eso sí- a la iniciativa parlamentaria del PP. Pero acaso previsión académica -quizás premonición- para falsedades como la actual, impropias de un partido que llegó a gobernar varias veces con mayoría absoluta (es decir, tras el manifiesto deseo de muchos millones de votantes y en cuyas filas militan gentes y simpatizantes ajenos a estrategias de tales características).

Vino a recordarme -salvando las distancias- el vil asesinato de tantos españoles víctimas de la barbarie terrorista en Atocha: corría el año 2004 cuando el Gobierno del PP (vísperas electorales) pretendió engañarnos. Quiso desviar las sospechas hacia el terrorismo etarra para encubrir responsabilidades tras la invasión de Irak a causa de su inmensa riqueza petrolífera: el fanatismo yijadista había jurado venganza sobre quienes la apoyaron. (De paso, empresas españolas se beneficiaron de la milmillonaria inversión para la reconstrucción del país.)

Desde el mismo Aznar hasta el último concejal pepero y la prensa aliada por Dios y por España se propagó otra falacia (engaño o mentira): «Todos sabemos, señorías, que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Todos sabemos también que tiene armas químicas». Así comenzó su intervención en el Congreso de los Diputados: falsedades, engaños, mentiras.

Y lo que estaba en juego era la seguridad del país, España, ajeno a la reunión de Azores y megalomanías de quienes en ella participaron. España sintió en su corazón impactos de sangre inocente, dolor y muertes de gentes obreras, proletarias muchas de ellas y cuyo delito fue residir en barrios del Madrid suburbano. (El PP perdió las elecciones.)

«El PP olvida (¿interesado despiste?) algo elemental: las Fuerzas de Seguridad del Estado no pueden intervenir en Cataluña más que en situaciones recogidas por el artículo 155 de la Constitución Española»

La iniciativa parlamentaria del PP en el Congreso es contundente: tras la ola de delincuencia en Barcelona, el Gobierno debe enviar policías y guardias civiles para hacer frente a la «crisis de seguridad que vive la ciudad» (elnacional.cat). Inestable situación, por obvia, ante la cual las protestas ciudadanas comienzan a elevar sus voces: robos a turistas, atracos, ajustes de cuentas y empleo de armas de fuego entre bandas rivales... alteran la paz ciudadana.

Pero el PP olvida (¿interesado despiste?) algo elemental: las Fuerzas de Seguridad del Estado no pueden intervenir en Cataluña más que en situaciones recogidas por el artículo 155 de la Constitución Española, artículo aplicado en octubre de 2017 (precisamente por el PP) «para devolver la legalidad y garantizar los derechos de todos los catalanes, después del golpe separatista que comenzó en el Parlament el pasado 6 de septiembre» (okdiario) y cuyas consecuencias fueron demoledoras en posteriores elecciones: el PP casi desaparece de Cataluña, Ciudadanos reduce su influencia y los separatistas suben y siguen al mando de la Generalitat y el Gobierno catalán.

Guardia Civil y Policía Nacional no pueden, legalmente, sustituir a quienes tienen la directa responsabilidad de la seguridad pública en Cataluña: los Mossos d’Esquadra. La legislación es contundente: «Corresponde a la Policía de la Generalitat la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público, funciones que le son reconocidas en el artículo 1 de la citada Ley Orgánica [2/1986, de 13 de marzo] y en el artículo 3 de la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad-Mozos de Escuadra».

Así pues, si el Gobierno español no solicita al Senado su visto bueno para la segunda aplicación del artículo 155 ni el correspondiente catalán pide ayuda al central, la iniciativa del PP es rigurosamente inviable. Y el PP lo sabe, ¡vaya si lo sabe! Pero no se lo explica a los ciudadanos.

No valen, pues, tales estrategias: son infantiles.