Caos y desconcierto en la cosa pública

1. Leí en varios periódicos que la Fiscalía Anticorrupción investiga al Gobierno de la señora Ayuso por adjudicar millones de euros en Sanidad «sin control alguno». ¿Puede tener cierto parentesco con la decisión del PP madrileño de proponer como senador al señor consejero de Sanidad? Esto implicaría, así de pasada, la condición de señoría con todas sus ventajas (entre ellas el aforamiento, privilegio).

A fin de cuentas el Gobierno madrileño no es, aparentemente, devoto de la medicina pública de calidad en la cual profesionales y usuarios se sientan cómodos y satisfechos. Muy al contrario: el desprestigio de la misma enturbia el ánimo de los sanitarios, sobre todo en atención primaria y pediatría. Muchos médicos y enfermeros son contundentes: la baja calidad de la sanidad pública beneficia a la privada. (Por cierto, Andalucía también potencia sus conciertos con la particular: derivó a un millón de pacientes en 2022. Y adjudicó a dedo -eldiario.es- ciento diecisiete millones. ¿Por qué no una racional y profesional interrelación?)

2. El Gobierno canario, al contrario, se inviste de aureolas progresistas. Manifiesta el compromiso social (el señor presidente recuerda con frecuencia su pertenencia a un partido socialista) y la honda preocupación por todo lo que se refiere a las clases no privilegiadas. (Medito: ¿puede considerarse como tal al señor presidente del Parlamento regional por su nómina -CANARIAS7- de casi ochenta y un mil euros?)

Pero entre sus intenciones y la realidad hay abismos. Impactan los hacinamientos de maltrechos ciudadanos en los pasillos del Insular, la proliferación de camas unas junto a otras sin respeto a la elemental intimidad a que todo ser humano tiene derecho, más en tales circunstancias de impotencia física y desestabilización psicológica. (No, no merecen ese indigno trato.)

Se entendió y aceptó el caos sanitario en los primeros momentos de la pandemia, cuando la Ciencia no sabía responder con inmediatos tratamientos ante miles de afectados que rebosaron pasillos, plantas, rincones hospitalarios públicos y tanatorios, las más de las veces en la oscura soledad, separados por simbólicas alambradas trenzadas entre el dolor y la imposibilidad de la última despedida, ¡ni tan siquiera un simple apretón de manos! Pero no, la desorganización viene de atrás, de muchos años atrás cargados de aparentes incompetencias políticas, ineptitudes políticas, incapacidades políticas… (¿O quizás de soterradas estrategias encaminadas a debilitar los servicios públicos?)

3. Las oficinas de la Seguridad Social en Las Palmas de GC están desbordadas por ciudadanos alterados, impotentes, dejados de la mano del tiempo y unos recursos técnicos paticojos. Las interminables colas las forman quienes desconocen las nuevas tecnologías o carecen de ellas; otros muchos (el «sector más débil de la sociedad» para el diputado del Común) desquician, hartos de llamadas telefónicas sin respuesta.

¿Dónde están, se preguntan, los funcionarios que atendían personalmente hasta 2020? ¿Qué fue de ellos? ¿Qué se hizo de quienes ayudaban al contribuyente en un tú a tú sin intermediarios? ¿No es absolutamente inmoral, flagrante delito de deshumanización y despotismo el trato que reciben algunas personas aglomeradas ante organismos oficiales ¡a las seis de la del alba! cuando solo mirlos, capirotes y pájaros palmeros se atreven a emitir cantos de vida y esperanza?

3.1. Las respuestas las tiene el señor Yanes, diputado del Común: los funcionarios ausentes están 'teletrabajando', es decir, en casa. (Pero eso sí: lejos de lavadoras, liñas para tender, papitas para picar y añadir al potajito de los niños, angelicales criaturitas…) Sin embargo, tal modalidad puede implicar una «disminución de la productividad». Más: el teletrabajo aleja a la Administración de la ciudadanía, «no puede convertirse en un derecho laboral si perjudica a la calidad de los servicios públicos».

3. 2. Por lo que se refiere a la cita previa, es un trámite que torpedea la marcha normal de los administrados frente a ese gigantismo todopoderoso que es la burocracia. Pero hay más, mucho más: podría tratarse de abuso de poder, autoritarismo, tic dictatorial de los organismos oficiales («no puede ser obligatoria», declara el defensor de los ciudadanos canarios).

Y no son rumores, no. Hace días tuve necesidad de presentarme sin cita previa en una mutualidad estatal para un tema médico urgente, pues el 'sistema' me remitía una y otra vez a la Delegación del Gobierno ('asuntos de titulaciones' o algo así). Al cabo de mil un intentos encuentro un hueco… ¡a veintiséis días vista!

Nada más entrar, el impacto estremecedor de carteles colocados por lugares estratégicos: «NO ATENDEMOS SIN CITA PREVIA». Sólo dos mesas ocupadas, sólo dos funcionarios (hubo muchos hasta 2020). Por suerte, y fuera de su 'obligación', una joven humanizada encontró la solución a mi premura. Pero el sepulcral silencio, casi ausencia de mutualistas y el susurro de los dos sensibles funcionarios me situaron más cerca de un prevelatorio que de un centro estatal hasta ayer cargado de vida.

No. La Administración no puede inhibirse de su función primera: el servicio público de calidad. Así lo entendieron el personal sanitario y el pueblo madrileño en las manifestaciones de noviembre y febrero pasados: cientos de miles de ciudadanos tomaron las calles. Y la señora Ayuso, tras considerar sus reivindicaciones como 'huelga política' y despreciarlas, arrió velas: vencieron usuarios, médicos y enfermeros.

Distintos colectivos convocan para hoy dos concentraciones en las capitales de ambas provincias canarias (un millón de personas). ¡'Ajolá' nuestros paisanos abandonaran resignaciones y ejercieran su inmenso poder en calles y urnas…!