Negar la democracia

Los cambios legales impulsados por el PSOE y Unidas Podemos son discutibles en la forma y en el fondo. Como puede serlo la desesperada reacción de los populares y Vox al pedir a la corte de garantías que los paralice antes de que sean aprobados definitivamente por las Cortes Generales –lo que no tendría precedentes– aun a riesgo de desatar un peligroso choque entre poderes del Estado. Pero la relevancia de las medidas y las discrepancias que su contenido pueda suscitar no justifican un frívolo cruce de acusaciones sobre supuestos propósitos golpistas a ambos lados del hemiciclo ni retóricas apocalípticas que hacen depender la democracia de qué mayorías predominen en órganos constitucionales que deberían estar por encima del juego partidista.

Es irresponsable deslegitimar el CGPJ y el Tribunal Constitucional con mensajes que condicionan el respeto a sus decisiones a que estén bajo el control de personas afines, como han hecho el PSOE y el PP en una actitud impropia de partidos de Estado. Así socavan el prestigio de esas instituciones, sumidas en un preocupante descrédito alimentado por la elección de sus integrantes por cuotas en las que excelencia profesional parece pesar menos que la obediencia a unas siglas. El país afronta una crisis sistémica que solo agudizará el frentismo tóxico que domina el debate político y que es preciso detener. Más que negar la democracia si se impone el rival –un disparate al que ha llevado la polarización extrema–, los grandes partidos deberían aunar esfuerzos para reforzarla.