Ultramar

Megayates y megaciudadanos

14/12/2019

El istmo de Guanarteme, así se llama esa lengua que une La Isleta con el resto de la isla, es un fenómeno geográfico que define y embellece a Las Palmas de Gran Canaria que, sin embargo, tiene en él un problema irresuelto, por su gran congestión y alto índice de edificabilidad, al tiempo que no es capaz de encontrar soluciones que permitan la plácida y enriquecedora convivencia entre el puerto y la ciudad.

«Convendría recordar que es bueno fomentar la participación para no dar viejas respuestas a problemas nuevos»

La apuesta desarrollista que auspició Fernando de León y Castillo nos llevó a la modernidad, pero como advirtiera Fernando Martín Galán en su obra Las Palmas, ciudad y puerto - Cinco siglos de evolución, el tiempo sentenció que era necesario elegir un modelo de desarrollo capaz de conciliar el crecimiento económico y el sostenimiento de los niveles de calidad ambiental con las necesarias condiciones de bienestar que han de disfrutar sus habitantes. Es decir, que conviene planificar los asuntos colectivos atendiendo a los intereses generales y no de algunos pocos.

Son incontables las propuestas que se han sucedido en torno al istmo, y todas se han presentado atendiendo a la máxima de «hacer ciudad». Hasta la fecha, ahí están los resultados, nada se ha definido. Gran Marina, con emblemáticas edificaciones de relevantes arquitectos internacionales; water front con pujanza financiera y espacios públicos para el recreo ciudadano, hoteles, centros comerciales, pasarelas aéreas, acuarios, marina deportiva. De todo ha habido. ¡Y lo que está por ver!

Ahora se desata una polémica, a propósito de la idea de construir un taller para megayates en el muelle del Refugio que acogería esa dársena deportiva pretendida. Los vecinos de la zona, germen del movimiento vecinal en las islas, se han movilizado contra tal pretensión, como antes lo hicieran con éxito contra el auditorio en La Puntilla, la Gran Marina o el vallado del Castillo de La Luz. No se niegan a su construcción pero sí exigen que se traslade a otro lugar del recinto portuario, en tanto en cuanto denuncian que los informes medioambientales son negativos y una instalación de esas características podría ser nociva y de gran impacto visual, mientras que los promotores alegan lo contrario.

La pelota ha pasado de una administración a otra hasta que el Ayuntamiento, instalado en la opacidad y evitando a los vecinos, se ha parapetado en que la autorización se ajusta a la norma. Convendría recordarle a los munícipes que en los sistemas democráticos los ciudadanos son elementos constituyentes, tienen el derecho y el deber de aportar y contribuir y que hay que fomentar la participación para no dar viejas respuestas a problemas nuevos.