Universidades pequeñas, calidad grande: una crítica al Real Decreto 905/2025

Desde el plano legal, el decreto vulnera el principio de actos propios, consolidado por el Tribunal Supremo (Sentencia 15/01/2019, ECLI:ES:TS:2019:21), al contradecir acreditaciones otorgadas conforme al Real Decreto 640/2021 y los informes de la ANECA. Esta contradicción podría incurrir en nulidad de pleno derecho (Ley 39/2015, art. 47.1.f) y vulnera la seguridad jurídica y la confianza legítima (Ley 40/2015, art. 3.1.e).

Además, el decreto invade competencias autonómicas al reservar al Ministerio funciones de supervisión que solapan las exclusivas de las Comunidades Autónomas en educación superior (Constitución Española, 1978, art. 148.1.18ª). Esta recentralización, calificada de «esperpento normativo» por el Consejero de Educación de Madrid (El Mundo, 2025), contraviene sentencias del Tribunal Constitucional como la STC 107/2014, lo que podría motivar recursos de inconstitucionalidad.

Desde el plano pedagógico, el decreto parte de una premisa errónea: que más estudiantes equivalen a mayor calidad. La evidencia empírica y la teoría educativa demuestran lo contrario. Según el informe Datos y cifras del sistema universitario español (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 2025), España presenta una ratio de 10,6 alumnos por profesor, inferior a la media de la OCDE (13,5), lo que favorece mejores resultados académicos (Funcas, 2024).

Quiero traer a colación a importantes autores, como Meirieu (2007) y Freire (1970) han defendido que la enseñanza requiere proximidad, diálogo y mediación significativa. La masificación, en cambio, genera entornos impersonales que dificultan el aprendizaje crítico. El informe Education at a Glance 2025 (OCDE, 2025) subraya que las bajas ratios en España contribuyen a una tasa de titulados superiores del 53% entre jóvenes de 25–34 años, superando la media europea (45%) y promoviendo equidad en contextos periféricos.

Olvida nuestro 'Gobierno Central' que, Canarias, reconocida como región ultraperiférica (RUP) por el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE, 2025), requiere políticas educativas adaptadas a su insularidad, lejanía y población dispersa (~2,2 millones en siete islas habitadas; INE, 2025). Este estatus obliga a los Estados miembros a considerar las especificidades de las RUP en sus normativas (Asunto C-428/14, TJUE, 2016; Comisión Europea, 2022). Sin embargo, el Real Decreto 905/2025 no contempla adaptaciones para Canarias, donde el umbral de 4.500 estudiantes resulta desproporcionado debido a limitaciones demográficas y sobrecostes educativos (Comisión Europea, 2024; Gobierno de Canarias, 2025). Esta omisión vulnera el principio de igualdad territorial de la UE y el artículo 27 de la Constitución Española.

El decreto ignora el papel estratégico de las universidades pequeñas en el desarrollo regional. Según el informe CYD 2025, estas instituciones generan retornos económicos al formar profesionales que se integran en mercados laborales locales, reduciendo la fuga de talento y fortaleciendo el tejido productivo (Fundación CYD, 2025). En Canarias, universidades como la UFPC son clave para la cohesión territorial y el crecimiento del PIB regional.

Paradójicamente, la Universidad Fernando Pessoa Canarias (UFPC), es un claro ejemplo de la excelencia desde Canarias, con 1.380 estudiantes (1.202 en grado, 163 en máster, 15 en doctorado; curso 2023–2024), ejemplifica la contradicción del Real Decreto. En el U-Ranking 2025 (Fundación BBVA & IVIE, 2025), logra una puntuación de 7/10, situándose en el top 50 nacional, con fortalezas en la ratio PDI/alumnos (~9,4 alumnos por profesor) e inserción laboral.

En el Ranking CYD 2024, ocupó el puesto 27 entre 81 universidades, liderando en Canarias en rendimiento general, con énfasis en docencia e inserción laboral (Fundación CYD, 2024). En la edición 2025, mantiene el grupo de alto rendimiento entre 82 universidades, consolidando su liderazgo regional (Fundación CYD, 2025). Esta trayectoria desmiente que el tamaño determine la calidad. El País (2025) destaca que el auge de universidades privadas responde a la escasez de plazas públicas, reforzando la relevancia de la UFPC en un contexto de alta demanda educativa.

Estimados lectores, permítanme concluir señalando que la educación superior debe edificarse sobre principios de equidad, diversidad y respeto institucional. En territorios como Canarias, donde la geografía no constituye únicamente un dato, sino una condición estructural, dichos principios adquieren una dimensión irrenunciable. El Real Decreto 905/2025, al imponer un criterio de volumen como sinónimo de calidad, desatiende la realidad de las regiones ultraperiféricas, vulnera tanto el marco constitucional como el europeo, y desconoce el papel transformador que desempeñan las universidades pequeñas en contextos locales.

Más allá de sus implicaciones técnicas, esta norma representa una amenaza estructural a la seguridad jurídica del sistema universitario español. Colisiona con principios constitucionales, invade competencias autonómicas, ignora compromisos europeos vinculantes y contradice actos administrativos firmes previamente otorgados. Su aplicación genera incertidumbre institucional, desprotege a universidades acreditadas y erosiona la confianza legítima en la estabilidad normativa.

En un Estado de Derecho, ninguna política pública puede sostenerse sobre la arbitrariedad ni sobre la negación de la pluralidad territorial. Y si esa pluralidad tiene acento atlántico, vocación tricontinental y se encarna en un archipiélago que ha hecho de la resiliencia su forma de estar en el mundo, ignorarla no es solo un error técnico: es una renuncia a comprender lo que nos hace únicos. Canarias no es una excepción; es una singularidad que exige ser respetada. Si no se corrige, el Real Decreto 905/2025 no solo será pedagógicamente regresivo, sino jurídicamente insostenible.