La ministra Irene Montero, esta semana, en el Congreso de los Diputados. /
La ministra Irene Montero, esta semana, en el Congreso de los Diputados. /
No es admisible, no nos merecemos los debates, por llamarlos de alguna manera, que se están dando en el Congreso de los Diputados. Cualquier patio de instituto desprende más sensación de urbanidad y de civilización que las últimas sesiones de la Cámara Baja. Pero, con todo, Vox se saltó demasiadas líneas rojas en su ataque personal y denigrante de hace unos días a la ministra de Igualdad Irene Montero.
La libertad de crítica y de expresión que, por fortuna, están garantizadas en nuestra Constitución no pueden ser una puerta al insulto y a la humillación pública, y menos en un hemiciclo donde sus miembros no solo se representan a sí mismos, sino a toda una sociedad.
¿Quién protagonizó esa salida de tono? Vox. ¿A quién cabe pedirle mayor responsabilidad en su legítimo y necesario derecho a hacer oposición? A Vox. Pero a la vista que con este partido no hay manera, va siendo hora de que la presidencia del Congreso deje de mirar para otro lado y tome cartas en el asunto.
¿Por qué no adopta medidas disciplinarias? ¿Por qué un comportamiento así, tan antidemocrático, en la sede de la soberanía popular y nacional, no tiene mayores consecuencias? Un diputado o diputada que falte el respeto a otro, sea del partido que sea, ha de ser expulsado del hemiciclo y posteriormente sancionado. Y si no hay reglamento que lo regule, habrá que redactarlo.
En una democracia las instituciones son vitales. Son parte de sus endebles pilares. Y el Congreso es casi su columna madre. Desprestigiarla traerá graves consecuencias.