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Las Teresitas: lo penal y lo político

Canarias7 Editorial

Jueves, 1 de enero 1970

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La Justicia ha hablado y lo ha hecho con claridad y rotundidad: la operación de Las Teresitas fue delictiva. Los responsables de aquel «pelotazo de libro», como llegó a afirmar la fiscal María Farnés Martínez, ya tienen sobre sus espaldas condenas en firme y veremos si el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife llega a recuperar el dinero que le escamotearon.

El medio millar de folios de la sentencia del Supremo se resume probablemente en este pasaje: «En esencia, hay que precisar que la condena se ubica sobre la maquinación orquestada debidamente, y con toda precisión y preparación, de toda una operación urbanística de compra de terrenos por el Ayuntamiento por precio muy superior a su valor real con grave quebranto de las arcas municipales, con inclusión en convenio urbanístico de transferencias injustificadas, esto es, gratuitas y sin causa, de aprovechamientos urbanísticos a la parte privada sin contraprestación alguna y a costa del aprovechamiento público. Además, para conseguir sus fines se lleva a cabo una modificación de los usos autorizados que determinó un extraordinario incremento del valor de los terrenos de la parte trasera que quedaron en manos privadas sin que el Ayuntamiento participara en modo alguno en las plusvalías generadas».

El caso fue presentado en su día como una operación de acoso y derribo político porque el denunciante tenía carnet de partido: Santiago Pérez, que militaba entonces en el PSOE. También se argumentó que había una conjura judicial para frenar el crecimiento de la isla de Tenerife y la aspiración de su capital de ser la primera ciudad de Canarias. No faltaron las voces que alertaban de los excesos de una llamada «causa general» que acabaría en nada... Es evidente que todo ese argumentario trataba de entorpecer el lento pero inexorable avance de la Justicia. Y también conviene recordar que en medio de todo aquel proceso, Coalición Canaria, en lugar de asumir su cuota de responsabilidad, hizo senador por la Comunidad Autónoma a Miguel Zerolo en un intento de sacar a la Justicia canaria del caso y llevar la investigación al Supremo. Estratagemas todas que fueron cayendo ante la evidencia de los hechos y la constatación de que donde primero había indicios de delitos, después hubo sobradas pruebas de actuaciones ilícitas y, como se recoge en la sentencia, la constatación de una trama perfectamente orquestada, que contó, además, con los entonces dirigentes de CajaCanarias para financiar la operación sin las mínimas garantías bancarias.

Ahora, con la sentencia ya dictada, lo de menos es si los condenados tienen a bien disculparse. Les toca cumplir la pena impuesta y eso es lo primordial. Pero los que les dieron amparo político desde luego que deberían asumir su cuota de responsabilidad y demostrar ante la sociedad que han aprendido la lección.

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