Opinión

La polémica territorial

08/09/2018

Todo presidente de comunidad autónoma tiene que aportar su gramo de interés general a la causa nacional o, de lo contrario, pasa desapercibido. Es decir, a ellos también se les exige de algún modo sentido de Estado. Fernando Clavijo apela a una convocatoria nacional cuando el tema catalán se recalienta. Es como visualizar que a las reivindicaciones propias (las singularidades canarias) se une un lazo de generosidad territorial. Solo así cabe la vigencia de la Constitución de 1978 y el mapa autonómico que nace amén de un Título VIII en la Carta Magna muy impreciso, abierto y pensado precisamente para sortear las inclemencias que dejaría el nacionalismo periférico e histórico por el camino (vasco, catalán y gallego; las tres regiones que disfrutaron de texto autonómico durante la Segunda República).

A Jordi Sevilla y a José Bono, como ministros de Administraciones Públicas y de Defensa respectivamente con José Luis Rodríguez Zapatero, les preocupó desde primera hora la deriva de la reforma estatutaria catalana. Que el PP lo llevase al Tribunal Constitucional hizo el resto. Por no mentar que entonces Mariano Rajoy hizo campaña electoral en las dos Castillas aprovechando el envalentonamiento catalán. Los votos en Toledo o Valladolid eran más necesarios que los pocos que iba a conseguir en Barcelona. Que se lo pregunten si no a Josep Piqué que el consuelo que tuvo fue que José María Aznar lo nombrara ministro tras tantas ingratitudes catalanas cuando CiU lo era todo allá políticamente.

El proceso independentista no tiene los interlocutores habituales. Pronto a Artur Mas se le fue de las manos y creó una marea emocional en la calle tras Rajoy rechazar su oferta de pacto fiscal a la vasca y navarra para Cataluña. Aquello sí lo veía bien la burguesía catalana: cómo no diferenciarse en la financiación autonómica tras el modelo de café para todos. Los retos ya son mayores y ni siquiera se contentarán con una opción que nadie en La Moncloa puede aceptar pues conlleva quebrar las arcas de la Administración.

«El proceso independentista no tiene los interlocutores habituales»

Así las cosas, no hay un Jordi Pujol al que llamar. No hay forma de pactar entre las burguesías de Madrid y Barcelona porque los referidos interlocutores son otros: más variados, instalados en la calle y con ERC tomando auge. Pujol ha supuesto un coste enorme de credibilidad pública y de cesiones desde el poder central que ahora estamos pagando. Pero ese modelo permitió estirar el chicle del sistema del 78 y ya quisiéramos en la actualidad rescatar. Los desafíos actuales son igual de complicados y llamados a subsanar por otra generación, la siguiente a la que rubricó la Transición y que de momento no sabe cómo encarar semejante horizonte. El paso del tiempo ha confirmado lo que Sevilla y Bono intuían pero Zapatero prefirió oír las pretensiones catalanas.