Primera plana

La magistradas Varona y Bellini

15/03/2019

Hacía tiempo que la opinión pública en Canarias no estaba tan atenta y expectante a la decisión de la justicia a cuenta de Fernando Clavijo y el caso Grúas. No es para menos: está en cuestionamiento la arquitectura político-institucional del archipiélago tras los enredos acumulados por la defensa de Clavijo que llegó incluso a comprometer la profesionalidad de la Fiscalía. Y es aquí donde Margarita Varona y Carla Bellini concitan toda la expectación. Hasta ahora las magistradas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se han mantenido firmes y con entereza defendiendo el criterio jurídico viable desde la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía canario: no caben los aforamientos. Clavijo es, ni más ni menos, un ciudadano como cualquiera de nosotros. El jefe del Ejecutivo no atesora privilegios sino, como el común de los mortales, el derecho al juez natural que le corresponda. Sin duda, Varona y Bellini habrán recibido intensas presiones. Se encuentran en una situación comprometida. Pero justo en momentos así, de semejante enjundia, es cuando debe relucir la rigurosidad de cada uno en el oficio desempeñado. Son conscientes de lo que implica tener que volver a posicionarse (por segunda vez) tras la inacción (otra más) de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, Celia Blanco, que, a poco que pueda, procura escurrir el bulto. No es serio.

«El jefe del Ejecutivo no atesora privilegios sino, como el común de los mortales, el derecho al juez natural que le corresponda. Sin duda, Varona y Bellini habrán recibido intensas presiones»

El TSJC ya se pronunció: devolvió las actuaciones al juzgado lagunero. Y es que no existe conflicto, ninguna cuestión de competencia recurrible en casación. En suma, no concurre ningún fundamento para el recurso, carece de fundamentación legal en este caso. Insisto, no hay cuestión de competencia, no hay dos órganos judiciales que se disputen la causa y soliciten que resuelva el Tribunal Supremo (TS). Solo hay un órgano competente: el Juzgado de Instrucción número 2 de San Cristóbal de La Laguna. Y la jueza Blanco, si Varona y Bellini preservan la argumentación jurídica esgrimida, tendrá que desplegar el derecho a la tutela judicial efectiva que, por cierto, ampara tanto a Clavijo como a las acusaciones populares.

En fin, no es de extrañar que la sociedad ante el contexto que atañe a la justicia, sometida a escrutinio público, valore gestos infrecuentes como el de Manuel Marchena. El magistrado grancanario renunció, con señorío y dignidad, a presidir el TS cuando se ventiló desde la bancada parlamentaria que su elección supondría controlar «por la puerta de atrás» la Sala de lo Penal. Actualmente Marchena conduce el proceso que concierne a los soberanistas catalanes desde el respeto colectivo que se ha ganado. Pues bien, ahora la justicia en las islas tiene otro trance que encarar: la eliminación efectiva de privilegios en el caso Grúas (y en cualquier otro afín) porque así lo dispuso el legislador estatutario. Y, en serio, de una vez por todas, está en manos del TSJC que se cumpla.