Punto de vacunación contra la covid en Infecar. / Arcadio Suárez

Indefensión sanitaria

Sánchez lleva meses insistiendo en que las comunidades cuentan con mecanismos suficientes

Editorial -
EDITORIAL - Las Palmas de Gran Canaria

El toque de queda para las fiestas navideñas que el Gobierno de Canarias había planteado no consiguió finalmente el aval del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En su auto, la Sala, que comparte el criterio de la Fiscalía, advierte al Ejecutivo de que la suspensión de un derecho fundamental no se encontraba debidamente justificada, al tiempo que apunta que quizás se podrían haber articulado otras medidas.

Es evidente que ante la irrupción de la sexta ola, con la variante ómicron multiplicando los contagios, el Gobierno de Canarias ha ido en gran medida a contrapié. Para empezar, porque planteó una modalidad de certificado covid que buscaba sobre todo el plácet judicial pero que en la práctica no animaba a los empresarios a exigirlo y menos aún a los usuarios a utilizarlo.

Después, las escasas restricciones vigentes en el puente de primeros de diciembre actuaron de espoleta para los contagios, con una población que evidentemente está cansada de los protocolos ante el coronavirus, pero más aún de los vaivenes en su aplicación.

Pero el foco no hay que ponerlo en las instancias judiciales: sobre ese panorama autonómico planea la indefensión en que ha dejado el Gobierno de Pedro Sánchez a los ejecutivos regionales. Desde que se aplicó por primera vez el estado de alarma, se planteó la conveniencia de modificar la legislación estatal para dotar a los gobernantes de mecanismos claros y eficaces, de manera que no se judicializaran decisiones que iban orientadas a defender la salud de todos. En el 'debe' de Pedro Sánchez se encuentra esa dejación en materia de política sanitaria, y lo peor es que no se atisba voluntad de corregir el error. El balance triunfalista del año 2021 que hizo el presidente deja bien claro que no está entre sus prioridades responder a lo que le plantean prácticamente todas las autonomías, de manera que sus encuentros con los presidentes regionales se convierten en un diálogo de sordos: estos piden soluciones para sus problemas y el inquilino de La Moncloa hace oídos sordos.

Sánchez lleva meses insistiendo en que las comunidades cuentan con mecanismos suficientes para atender una situación crítica. La realidad está demostrando lo contrario y resoluciones como la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias así lo corroboran.