Hambruna insular

Hasta ahora el único detalle habido para con la sangrante realidad insular había sido atender a la demanda de permitir, después de habérselo consentido a las ricas comunidades del País Vasco y Navarra, el uso del superávit de las arcas de nuestras administraciones. Positivo pero del todo insuficiente, considerando las especificidades de este territorio ultramarino, asolado por una crisis global que exige una atención diferenciada.

No solo la lejanía sino también la situación social y económica estructural de este archipiélago exigen que se concreten medidas y ayudas específicas que vayan más allá de las anunciadas. Bien por el consentimiento a disponer del superávit y por esa etérea cláusula adicional para ampliar los ERTE, pero por qué no, además, al uso de los remanentes de nuestras administraciones, permitir su endeudamiento y atender a la singularidad de un sector turístico, cuya temporada fuerte no acaba en septiembre sino que empieza ahí y que no cuenta con la figura de los fijos discontinuos, como sí otras comunidades peninsulares.

Hay más razones para un tratamiento singularizado. En estos momentos casi el 60% de la población está a un paso de vivir por debajo del umbral de la pobreza, hay 220.000 desempleados y algo más de 200.000 acogidos a expedientes de regulación temporal del empleo, que de no atenderse la crítica situación engrosarían en gran medida las listas del paro, que podría llegar al 50% de la población activa.

En política no es lo que se dice sino lo que se hace; por tanto, lo dicho hay que hacerlo. Con escrupulosidad y exquisitez en el gasto, pero la extrema necesidad obliga. Otra cosa es, también, que de una vez por todas aprendamos, revaloricemos lo nuestro y preparemos nuevas fuentes de riqueza; que ya va siendo hora, a la vista de que la historia nos vuelve a demostrar que todos los monocultivos terminan finiquitando y cuando ello sucede la hambruna asoma.