Ultramar

Hambruna insular

27/06/2020

Durante el debate de la última prórroga del estado de alarma Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, garantizó para Canarias un trato asimétrico y proporcional atendiendo a que el impacto de la crisis desatada por el coronavirus es mucho mayor aquí, dada nuestra alta dependencia del turismo, sector que genera el 35% del PIB isleño y el 40% del empleo, casi tres veces más de lo que significa para el Estado. Casi un mes después, ayer llegó un detalle, la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre incluye una disposición adicional que le compromete a atender las especiales circunstancias de Canarias hasta que se restaure la normalidad aérea. Llega el gesto después de que el Plan de Impulso del Sector Turístico aprobado por el ejecutivo central no contemplase ningún trato diferenciado para estas islas, cuya situación es notablemente asimétrica, en lo que a parámetros negativos se refiere, con respecto al resto de territorios.

«Canarias sigue demandando un trato asimétrico y proporcional atendiendo al impacto de la crisis»

Hasta ahora el único detalle habido para con la sangrante realidad insular había sido atender a la demanda de permitir, después de habérselo consentido a las ricas comunidades del País Vasco y Navarra, el uso del superávit de las arcas de nuestras administraciones. Positivo pero del todo insuficiente, considerando las especificidades de este territorio ultramarino, asolado por una crisis global que exige una atención diferenciada.

No solo la lejanía sino también la situación social y económica estructural de este archipiélago exigen que se concreten medidas y ayudas específicas que vayan más allá de las anunciadas. Bien por el consentimiento a disponer del superávit y por esa etérea cláusula adicional para ampliar los ERTE, pero por qué no, además, al uso de los remanentes de nuestras administraciones, permitir su endeudamiento y atender a la singularidad de un sector turístico, cuya temporada fuerte no acaba en septiembre sino que empieza ahí y que no cuenta con la figura de los fijos discontinuos, como sí otras comunidades peninsulares.

Hay más razones para un tratamiento singularizado. En estos momentos casi el 60% de la población está a un paso de vivir por debajo del umbral de la pobreza, hay 220.000 desempleados y algo más de 200.000 acogidos a expedientes de regulación temporal del empleo, que de no atenderse la crítica situación engrosarían en gran medida las listas del paro, que podría llegar al 50% de la población activa.

En política no es lo que se dice sino lo que se hace; por tanto, lo dicho hay que hacerlo. Con escrupulosidad y exquisitez en el gasto, pero la extrema necesidad obliga. Otra cosa es, también, que de una vez por todas aprendamos, revaloricemos lo nuestro y preparemos nuevas fuentes de riqueza; que ya va siendo hora, a la vista de que la historia nos vuelve a demostrar que todos los monocultivos terminan finiquitando y cuando ello sucede la hambruna asoma.