Un Estado 'aplatanado'
En el Tribunal Supremo están hartos con la pachorra del Gobierno central en lo relativo a los menores en situación de asilo que se encuentran ... en Canarias. Para que luego digan que en las islas estamos 'aplatanados' y lo hacemos todos al golpito: en los despachos ministeriales sí que se lo toman con una parsimonia desesperante. O quizás no es eso: lo mismo es que alguien pensó que lo mejor que se podía hacer con un menor es que corriese el tiempo, se convirtiese en adulto y mientras tanto que estuviese todo ese tiempo bajo la competencia del Gobierno canario, cuando ya el propio Supremo se ha encargado de dejar claro que los menores bajo el paraguas de la protección internacional son competencia directa del Estado.
El hartazgo de los jueces es perfectamente comprensible. Hace más de medio año le dijeron al Estado lo que debía hacer con ese millar -en números redondos- de menores y, seis meses después, la gestión ha sido a cuentagotas. Es evidente que lo que no se ha resuelto con diligencia durante año no se puede arreglar de un día para otro, ni en dos, ni en tres... pero seis meses son muchas mañanas, otras tantas tardes y la misma cantidad de noches. Que no es fácil encontrar lugares de acogida y buscar personal para ello... pues nadie lo discute. Lo saben mejor que nadie el Gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos que han sido solidarios en las islas (no todos, las cosas como son) y las ONG. Ellos tuvieron que arremangarse y buscar soluciones para un asunto que no era competencia suya pero donde primaba el interés del menor, como muy bien recuerda en cada auto en esta materia el Tribunal Supremo.
Ante una emergencia, las soluciones también deben serlo. No es de recibo que este principio se comprenda y se atienda cuando hay un incendio o un desastre natural y no cuando hay que garantizar el derecho de menores. El Estado, que tiene más recursos que nadie, debió haberse puesto las pilas y activar desde el primer auto del Supremo un gabinete de crisis que buscase debajo de las piedras personal, recintos, monitores... todo lo que Canarias ha estado haciendo.
Ahora tendrá que hacerlo en quince días después de que, por segunda vez, el Supremo le saque la tarjeta amarilla. Por cierto, me pregunto si habrá responsabilidades en materia judicial si pasadas esas dos semanas seguimos en las mismas. Porque creo que, al final, será la única solución para que se lo tomen en serio los que deben.
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