Costas

Desde entonces para acá, se ve que las negociaciones no han acabado en el puerto deseado y las amarras continúan del lado del Gobierno central. Más allá del espinoso asunto del hotel de Riu en Fuerteventura y cómo se resuelve esa papeleta, está claro que con las transferencias de una materia no vale que haya medias tintas: o están en un lado o en otro, o tienen como residencia aquí o siguen allí. Los experimentos, mejor con gaseosa, y las fórmulas intermedias al final son una apuesta segura por el conflicto y el fracaso.

Si miramos a nuestro litoral, uno puede entender que en algunos despachos ministeriales haya quien considere que es un peligro dejar en manos de esta autonomía el control total sobre el litoral y su desarrollo. Pero no es menos cierto que si miramos hacia las costas de buena parte de la península, cabe preguntarse dónde estaban esos mismos supuestos 'conservacionistas'.

Como país costero que es España y como economía que pivota en gran medida en torno al turismo, nos interesa preservar esos espacio, pero también su explotación razonada y razonable. La historia socieconómica de las islas y su progreso en el último siglo no se explican sin el turismo, y eso supuso, evidentemente, levantar edificios donde acogerlos, con el añadido de que el lugar preferente fue el litoral porque los visitantes buscaban eso: sol y playa. Para ver montañas, ya tenían las suyas en sus lugares de origen.

Tras 40 años de autonomía, Canarias es mayor de edad y no hay lógica alguna para verse privada de un traspaso al cien por cien de las competencias en Costas. ¿Hay riesgos? Por supuesto que sí, pero frente a eso cabe recordar que hay dos mecanismos infalibles: 1) la Justicia aquí aplica las mismas leyes que en la península, de manera que si alguien se excede, el mecanismo judicial actúa igual; y 2) si el gestor político de turno hace de su capa un sayo, la ciudadanía también es adulta y votar para castigarlo o refrendarlo.