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El presidente del Consejo Rector de la Radio Televisión Pública Canaria, Santiago Negrín, ocultó información trascendental al Parlamento de Canarias, la institución que lo nombra, la sede de la representación de los canarios, a la que se debe, y al Consejo Rector, el máximo órgano de Gobierno de la tele. Sería una vergüenza más, de las muchas que vivimos en estos días en los que algunos orillan a las instituciones y su legitimidad, que el Parlamento de Canarias no tomara medidas contra Negrín para salvaguardar su propia naturaleza y su autoridad.
Los hechos, contados ayer por Canarias7, son explosivos, insólitos, y revelan hasta qué punto está dispuesto Negrín y quienes le acompañan y le apoyan, a bordear la legalidad, chotear las instituciones y forzar los procedimientos para conseguir sus objetivos e imponer su voluntad. Lo que ha hecho el presidente del Consejo Rector es muy grave, y lo saben. No solo ocultó un informe contrario a sus deseos al Parlamento, sino que trató de sustraerlo a los legítimos interesados, presentes en el procedimiento abierto tras el recurso presentado por Videoreport Canarias, tratándolo como un “informe reservado”. Santiago Negrín se presentó muy enfadado con el Parlamento el 21 de julio pasado esgrimiendo un informe jurídico del catedrático Martín Orozco, que lo facultaba para erigirse, en su condición de administrador único de la RTVC, en convocante del concurso de informativos de la Televisión Canaria, una conclusión, que, a primera vista, resultó dudosa porque despreciaba el papel del Consejo Rector al que la ley le atribuye facultades de contratación en paquetes superiores al millón de euros, como es el caso. Lo grave es que días antes de su desafortunada y tortuosa comparecencia parlamentaria que ya le demostró la falta de confianza que inspira a sus señorías, tenía en su poder un informe del mismo Martín Orozco, en forma de “memoria administrativa” sobre el pliego, en el que se le advertía de varias cuestiones trascendentales para el concurso, y de las que Negrín hizo caso omiso y ocultó al Parlamento y al Consejo Rector, sencillamente porque sus argumentos no le valían a él ni a quienes le apoyan para sus objetivos, convocar el concurso, controlar todo el proceso de forma opaca y cambiar las reglas del juego si es preciso, sin que nadie lo controle.
En primer lugar, el informe de Orozco viene a advertir a Negrín que no puede convocar el concurso sin que antes el Consejo Rector debata si es la externalización de los informativos el modelo a seguir en la Televisión Canaria, un asunto muy cacareado últimamente en los ámbitos de opinión del Gobierno como arma arrojadiza, cuando es su “hombre” en la tele el que hurta ese debate y el trámite que describe el catedrático de cabecera de Negrín. Si, como aseguran esos círculos de opinión el modelo debe ser público, ¿por qué Negrín no propició ese debate en el seno del Consejo Rector, allí donde el informe le dijo que debía hacerlo y lo ocultó deliberadamente? A lo mejor hasta lo hubiese ganado. Pero es más, Orozco le dice a Negrín que desde esta perspectiva es al Consejo Rector al que le corresponde la decisión inicial de convocar el concurso, externalizar, o iniciar un proceso de modelo público. Sea como sea, Negrín hurtó esa posibilidad al Consejo Rector que ha quedado completamente al margen de las decisiones que ha tomado en torno al futuro de la televisión.
El informe de Martín Orozco también aconsejaba a Negrín que antes de convocar el concurso debía tener aprobado por el Consejo Rector la cobertura presupuestaria del mismo para 2018. Negrín no quiso someter al Consejo ese trámite, y sigue sin hacerlo, sencillamente porque pretende ser el artífice único del concurso, convocarlo, poner las reglas, cambiarlas cuando le convenga y adjudicarlo en la soledad de su conciencia. De otra forma no se explica este afán oscurantista y caciquil, prescindir del Consejo Rector, cuando la ley es clara al respecto, y ocultar todos y cada uno de los argumentos que le obligan a una tramitación de la convocatoria mucho más reglada y transparente. A seguir los consejos de quien le aconseja jurídicamente, del que se ha fiado, a quien paga para ello, su asesor jurídico de cabecera, que días después de la carajera parlamentaria, a principios de agosto, puso fin a sus servicios. Pero la actitud de Negrín, jaleada por sus apoyos es la de Juan Palomo, “yo me lo guiso, yo me lo como”.
El informe de Orozco, hasta ahora un secreto administrativo del propio Gobierno, también dice algo más que ha negado Negrín y el propio presidente del Gobierno, que de esto dice no saber nada pero opina cuando le preguntan. Santiago Negrín debió pedir a los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias un informe previo de legalidad sobre el pliego. No hay que repetir que Negrín no solo no lo pidió, sino que el Gobierno que lo apoya ha evitado emitirlo, negándoselo una y otra vez al Partido Popular alegando que la Televisión Pública Canaria no entra dentro de sus competencias, todo ello a pesar de que el propio Servicio Jurídico del Parlamento de Canarias dice que es la Comunidad Autónoma la que debe responder de ese informe jurídico sobre el pliego y que la Consejería de Hacienda habilita el crédito del concurso. El Gobierno consigue así lo que desea, encapsular a Negrín, aislarlo jurídicamente para que siga tomando las decisiones en solitario, sin que nadie lo fiscalice. Así se ejerce la legalidad, en la Tele Canaria y en el Gobierno, bordeándola, utilizándola, intentado que escape al control administrativo y político, porque el que no podrá evitar es el judicial. Y una pregunta tonta. Si ni Clavijo ni su Gobierno tocan para nada todo lo concerniente a la tele, como aseguran una y otra vez, ¿por qué temen un informe jurídico sobre la legalidad del pliego de condiciones del concurso? Se trata de un informe que recomienda Martín Orozco en esta “memoria oculta” sobre el pliego, que ha pedido un partido político en el Parlamento con el apoyo del resto de la Cámara y que los servicios Jurídicos del propio Parlamento dicen que debe emitir.
El nivel de opacidad y ocultamientos de Negrín y el apoyo a esa estrategia que claramente vulnera la transparencia que debe presidir la gestión de un organismo público, especialmente en la convocatoria de un concurso, y de esto saben muchos los empresarios que cada día se enfrentan a la administración, debe conducir al Parlamento a tomar cartas en el asunto. La oposición lo tenía claro hace dos meses, algunos han dudado, pero lo que revela CANARIAS7 obliga a todos los grupos políticos a actuar para acabar con esta mascarada amparada desde las altas instancias de un Gobierno que no hace nada pero al que los hechos lo convierten en cómplice y mentor de la actuación de Negrín.
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