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El informe del Común

«Saavedra manifestó que el informe vale como documento para entender muchas de las inquietudes ciudadanas»

Jueves, 1 de enero 1970

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Jerónimo Saavedra defiende en el pleno que arranca hoy en el Parlamento el informe anual correspondiente al año 2017 que será, a la postre, en función de las coordenadas actuales del acuerdo entre fuerzas políticas, el último desde que llegó al Diputado del Común. Una institución que Canarias disfruta amén de su autogobierno (tiene categoría estatutaria) pero que conviene recordar que no solo vigila el rango de calidad de los servicios públicos sino la salvaguarda de los derechos fundamentales y de configuración legal del ciudadano en su trato cotidiano ante la Administración. Aún la ley reguladora del Diputado del Común tiene pendiente ahondar en su faceta de mediador, pero de alguna forma ya está presente en su quehacer cotidiano.

Hace poco, al alimón de su presentación y registro ante la Cámara, Saavedra manifestó que el informe vale como documento valioso al alcance de las diversas siglas políticas para entender muchas de las inquietudes ciudadanas. Además, recordemos que el que acude al Diputado del Común puede ser un reclamante cansado y maleado por el trato recibido desde la Administración pero también, y esto es lo más distinguido, consciente de que debe reclamar algo que en teoría le pertenece y, por lo tanto, es crítico ante lo que padece fuese a título personal o por la gente de su entorno.

El informe anual del Diputado del Común es un diagnóstico social de primer orden. Aborda desde la seguridad pública o los servicios urbanos hasta la educación o las actividades clasificadas, todas las ramificaciones imaginables. Por supuesto, es una radiografía esencialmente jurídica (derechos y deberes en democracia) pero a la par supone tomar el pulso socioeconómico de cómo está la ciudadanía canaria. Una labor diaria que se desenvuelve entre la legalidad y la mirada social. Una perspectiva que Saavedra ha procurado mantener intacta impregnándole un enfoque humanista que, a estas alturas, debe ser ya marca de la casa en lo sucesivo.

El Diputado del Común es, en suma, el refugio último del ciudadano en la defensa de sus intereses, de lo que le preocupa, de lo suyo. Especialmente, cuando atañen a cuestiones que no puede ventilar en la vía judicial por falta de recursos económicos o el motivo que sea. Es una entidad importante vengan bien o mal dadas. Y, prueba de ello, es que hasta el PP que justo en los cursos de la más severa austeridad desdeñaba su labor, ahora ha cambiado de criterio y lo defiende. El economicismo no vale como pretexto cuando invocamos derechos básicos. Sobre todo, cuando apelamos a los que no tienen de todo o simplemente no están orientados jurídicamente de forma adecuada para proteger lo que le interesa. Hablamos de democracia y de ciudadanos activos. No es asunto menor.

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