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Habrá que preguntarle a Blas Trujillo sobre la posible inclusión de los expresidentes del Gobierno regional en el Consejo Económico y Social (CES), tal como barrunta CC en trámites parlamentarios y con la idea de vincular dictámenes a estos de manera externa. La actividad del CES sigue ajena a este proyecto, incluso tuvo sesión celebrada a comienzos del mes de agosto cuando otros ya estaban de vacaciones y donde se aprobaron tres dictámenes. Incluir a los expresidentes en este organismo puede distorsionar su labor como enclave mutuo entre sindicatos y empresarios con una especial mirada social. Por ello, al igual que ocurre en el ámbito estatal con el Consejo de Estado, lo suyo sería que los expresidentes estuvieran incardinados en el Consejo Consultivo. Eso sí, lo deseable entonces es que estos tuvieran una formación jurídica que casara con la labor del órgano parlamentario con sede en San Cristóbal de La Laguna. El CES está pensado para la ebullición de ideas dentro del diálogo social que genere los dictámenes preceptivos legalmente. Y, por lo tanto, no se antoja a bote pronto como el lugar idóneo para los expresidentes en cuanto que podría desfigurar la tarea de los representantes sindicales y de la patronal. A día de hoy, los dos escenarios son válidos: Canarias puede seguir perfectamente sin regular la figura y dignificación del expresidente o bien buscar una solución razonable. Pero dudo que pase por forzar una presencia en el CES que sería más propicia en el Consejo Consultivo aunque también generaría posiblemente el rechazo a modo corporativista de sus consejeros.

Trujillo es de los que les gusta debatir y exponer argumentos ante perspectivas diferentes sobre asuntos públicos. Tiene talante, una cualidad que, por desgracia, no abunda. Y por algo ha estado inmerso en muchas batallas parlamentarias y en programas electorales como dirigente con rango del PSOE. Un contacto habitual al que acudir para desatascar problemas con los otros grupos políticos y que, por último, ha dedicado sus energías al sector económico desde esa atalaya social que es el CES. Así que me lo imagino entablando conversaciones múltiples en los próximos días con la agenda larga que tiene de empresarios y líderes sindicales para ver cómo reciben esta propuesta de CC que, no es casualidad, llega a final de la legislatura.

El CES dispone de escasos recursos. Su plantilla es mínima y no ostenta la emancipación organizativa apta para no depender tanto funcionalmente del Gobierno de Canarias. Las urgencias del CES son otras y no pasan por solucionar el estatus de los expresidentes. Lo mejor que podría hacerse con el CES sería dotarle de más presupuesto, un cuadro de técnicos mayor y permitirle la ficha económica suficiente para rescatar estudios como aquel barómetro (que incluía claves electorales) sobre Canarias y que en 2010 desapareció. Esas sí son las demandas actuales del CES.

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