Primera plana

El caso Grúas por capítulos

14/03/2019

Toda dilación agazapa una intención. Y esto está más que presente en el caso Grúas. Teóricamente el punto de inflexión sería los comicios de mayo. Y la defensa de Fernando Clavijo trata de estirar su comparecencia para no salpicarlo aún más de cara a las elecciones. Sin embargo, bien mirado, no es así. Desde que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ido jalonando la instrucción (o su inicial ausencia) de la jueza Celia Blanco, queda patente que exceder los plazos para enfrentarse, de una vez, al problema, no es lo idóneo para Clavijo. Es decir, asumir el caso Grúas a modo de serial implica, llegado un instante, que va a ir en contra del propio Clavijo. Y lo más llamativo no es esto sino las terceras personas que, con mejor o peor éxito, se han visto compelidas a ser instrumentalizadas.

Vicente Garrido se salió desde que pudo del embrollo en el que quisieron meterle, sin comerlo ni beberlo, porque no estaba dispuesto a que lo ahogaran jurídicamente. Si a esto le unimos que estaba pendiente su aspiración a la reelección como fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), corrió enseguida para no verse inmerso en algo indebido. Se percató de la enjundia del problema. Y ahora es la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna la que opera como dique de contención sobrevenido; una labor que, a la larga, conlleva un serio desgaste para ella. Por su parte, Garrido sí opuso resistencia porque dispone de los trienios, la experiencia vital y la agudeza que otorga el largo recorrido.

«Y ahora es la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna la que opera como dique de contención sobrevenido; una labor que, a la larga, conlleva un desgaste para ella. Por su parte, Garrido sí opuso resistencia porque dispone de los trienios»

Alargando la situación pierde Clavijo. Porque, en el mejor de los supuestos para él, llegará ese día (pretendidamente lejano) por el cual el Tribunal Supremo inadmita un recurso de casación que directamente no cabe. La Ley de Enjuiciamiento Criminal es la que es y los motivos para admitir un recurso de casación están tasados. Y entonces, dicho sea en términos coloquiales, la papa caliente recaerá (otra vez) en las magistradas del TSJC Carla Bellini y Margarita Varona. Por lo tanto, se va describiendo un itinerario por el cual la defensa de Clavijo va endosando supuestas responsabilidades a terceros para no ventilar, por fin, las posibles de su representado. Unos alcanzaron a verlo, como Garrido, y se apartaron. Otros no.

Por último, se intuye que en verano Ángel Víctor Torres o Asier Antona puedan sentirse como Bellini y Varona cuando hipotéticamente tuviesen que decidir si investir a un presidente que antes o después tendría que rendir cuentas en sede judicial por el caso Grúas. Y, de ser así, Torres o Antona desempañarían un rol semejante al de las magistradas. Ambas defendieron un criterio ajustado a Derecho que ahora la jueza Blanco, con su decisión, puede volver a transferirles a las dos. De momento, en la Audiencia Provincial mascullan los acontecimientos.