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Editorial

La hora de la verdad

La política no ha estado a la altura de las circunstancias

Sábado, 23 de marzo 2024, 22:16

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Quince meses después de asumir las competencias de instrucción, la Fiscalía Europea notificó esta semana el levantamiento del secreto del caso Mascarillas. Casi en paralelo, el Parlamento de Canarias acordó por unanimidad la creación de una comisión de investigación centrada en los contratos que hizo el Servicio Canario de Salud (SCS) para hacer frente a la pandemia de covid-19.

Cuatro años después de que el virus obligase al confinamiento, se empieza a poner luz sobre la gestión de aquellos momentos, un proceso de clarificación que llega acompañado de otras investigaciones en manos de la Audiencia Nacional (caso Koldo), los juzgados de Las Palmas (caso Damco) y también en las Cortes y el Gobierno balear.

La Justicia tiene sus tiempos, como corresponde a un sistema garantista, pero es evidente que la política no ha estado a la altura de las circunstancias. Esa responsabilidad hay que situarla en quienes tenían en la pasada legislatura el poder ejecutivo y el control de los parlamentos. En el caso de Canarias es evidente: hace dos años CC y PP plantearon la necesidad de crear una comisión, cuando ya se conocía el fiasco del contrato millonario con RR7 United, pero el Pacto de las Flores que sostenía al Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres abortó esa posibilidad. Quizás si entonces PSOE y Nueva Canarias hubiesen votado entonces como lo hicieron el pasado miércoles, ahora ya sabríamos qué funciones reales tuvo aquel opaco Comité de Gestión, por qué se dilapidó el dinero con compras fallidas, otras a precios astronómicos que hicieron posible comisiones abusivas y también por qué se aceptó la llegada de material inservible o de menor calidad de lo contratado.

Al levantarse el secreto de las actuaciones del caso Mascarillas, también han aflorado mensajes, correos y conversaciones que reflejan que en lo más crudo de la pandemia se colaron en las arcas públicas quienes no querían ayudar haciendo algo tan legitimo como es la búsqueda de un beneficio razonable, sino aquellos que literalmente vieron en el drama sanitario una oportunidad para «forrarse» sin escrúpulos. De hecho, algunos ni siquiera arriesgaron un céntimo: se les entregó el dinero por adelantado, sin cautela ni garantía alguna, e incluso se les dio una segunda oportunidad tras un fiasco inicial.

La gestión pública no puede estar sometida a la sombra de la duda y menos aún cuando hablamos de un momento en el que los profesionales sanitarios luchaban con medios muy escasos para salvar vidas y los buenos gestores políticos, como también los empresarios que merecen ese nombre, arrimaban el hombro. Ha llegado, por tanto, la hora de la verdad.

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