«Mientras que la península puede beneficiarse del comercio y la inversión, Canarias queda en la periferia económica, en una preocupante primera línea geopolítica y ... con menor capacidad para influir en la política exterior española. Las decisiones bilaterales tomadas en Madrid repercuten de forma directa en Canarias, a la que se margina y se le impide participar activamente en la negociación». Estas palabras, escritas de su puño y letra por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, forman parte del artículo que publicó el pasado miércoles con motivo del inicio de la reunión de alto nivel entre España y Marruecos, celebrada en Madrid.
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El vaticinio que incluyó en ese artículo se cumplió: Canarias fue excluida del encuentro y solo a posteriori el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, descolgó el teléfono para informar al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de lo hablado con la delegación marroquí. Todo ello dando por bueno lo que contó Albares, pues la opacidad de la cumbre fue una de sus características.
En ese encuentro, el Gobierno que preside Pedro Sánchez volvió a decantarse por la propuesta marroquí de una autonomía para el Sáhara. Lo hizo en línea con el giro de 180 grados en la política exterior que adoptó Sánchez el pasado año sin mediar consulta parlamentaria alguna. Si entonces fue indefendible ese volantazo, tanto o más lo es ahora, cuando es evidente que el Ejecutivo carece de una mayoría parlamentaria sólida. Es más, su único socio de gobierno claro a día de hoy -Sumar-, se desmarcó de la cumbre con Marruecos.
A Canarias le interesa que haya buenas relaciones entre España y Marruecos, pero a Canarias también le interesa saber qué se está negociando, en especial cuando hay cuestiones que atañen directamente al archipiélago, como el control de los flujos migratorios, la delimitación de la mediana y la futura explotación del potencial minero submarino.
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Ahora que se han cumplido 50 años de la Marcha Verde y también del cambio de régimen en España, el Gobierno no debe repetir los errores de antaño, tomando en solitario decisiones que son de Estado y que, por tanto, precisan del consenso mayoritario en el Parlamento y del acuerdo con las autonomías. Y si Sánchez y Albares quieren seguir pilotando en exclusiva la política exterior, lo que deberían hacer es someterse primero al escrutinio de las urnas.
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