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Es inadmisible que desde instancias de poder se pretenda amedrentar a profesionales de la información que se limitan a cumplir su labor según los códigos deontológicos vigentes en cualquier Estado de Derecho. Las coacciones, amenazas y señalamientos a los medios por parte de altos cargos institucionales por la difusión de noticias u opiniones que no son de su agrado resultan impropias de una democracia y constituyen un ataque flagrante a la libertad de expresión. Muy nerviosa tiene que estar Isabel Díaz Ayuso con la imputación por fraude fiscal a su pareja cuando permite, si no alienta, esos comportamientos de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.
La razón que acompaña a la presidenta de la Comunidad de Madrid en sus quejas sobre la filtración de datos privados de un particular como arma arrojadiza con fines políticos queda empañada por unas prácticas que ella no debería consentir. Y tan deplorables como las protagonizadas por el ministro Óscar Puente contra quienes osan criticar al Gobierno, sin que tampoco nadie le frene en sus invectivas tabernarias. Tales actitudes denotan una escandalosa falta de respeto, que debe cesar de inmediato, a una prensa libre y plural.
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