El derrumbe electoral

Tantos años que fue motivo de polémica el sistema electoral canario, antes y después de la aprobación de la última versión del Estatuto de Autonomía, y, al final, dada la gravedad del escenario político actual, va a pasar a un segundo plano. Y es que comienzan a surgir voces y foros en Madrid solicitando una revisión de la normativa electoral, pero la estatal. Por supuesto, viene precedida de una trinchera ideológica concreta: el de las derechas. Y tiene un evidente motivo: se han percatado que la articulación de la alianza entre las izquierdas y los nacionalismos periféricos es imparable en el conjunto del Estado. Otra cosa son las comunidades autónomas (los barones socialistas están temblando, y con razón, porque pueden perder Castilla-La Mancha o Extremadura) y los consistorios.

Se propone establecer una circunscripción única o que rija una barrera electoral del 5% estatal. El propósito es evidente: excluir el peso, la representatividad y legitimidad de los nacionalismos vasco y catalán. Y es que la competición entre el PNV y EH Bildu más la desaparición del espacio convergente en Catalunya, desmontan, a efectos prácticos, la operatividad de la Segunda Restauración y el neoturnismo. De seguir así, difícilmente el PP retornará a La Moncloa. Por eso Pablo Casado y la ultraderecha van ventilando, con mayor asiduidad, el discurso de que España ha caído en la tentación venezolana, lo que implica una degradación de las instituciones y de la democracia que, a saber, cómo se repara ese daño que perpetran. Lo que casa a la perfección con ese rebumbio militarista y golpista trufado de nostalgia franquista, con tentativa de pronunciamiento incluido en medio del estado de alarma. Con la finalidad, todo ello, de originar un Gabinete de salvación nacional presidido probablemente por la ministra de Defensa. ¿Será destituida Margarita Robles por Pedro Sánchez?

Por fortuna, el elevado grado de constitucionalización del sistema electoral (fruto, en su día, de asegurar el bipartidismo) juega ahora a favor para frenar estas iniciativas que tratan de evadir la plurinacionalidad y negar las diferentes identidades territoriales. La rigidez de entonces es en el presente, y paradójicamente, la mejor baza que dispone el Gobierno y sus socios para acorralar estos movimientos que implicarían, en gran medida, una reforma constitucional que, entre otras cosas, nunca llegará porque a la Casa Real no le conviene y, por ende, no habrá solución al asunto catalán.

Lo malo es que este rebuscado debate electoral, acalorado, torticero y en el que subyace laminar a los nacionalismos que no sea el neoespañolista, contribuye a dinamitar el régimen del 78 para dar paso a formatos posautoritarios. Es decir, hemos llegado a ese punto de involución donde ya las derechas asumen un caos al que quieren poner remedio de la manera que sea, legal o no. Entre soflamas golpistas y pretensiones de aplastar las aspiraciones de los diversos pueblos, la tendencia es a peor. Claro que es para preocuparse. Los golpes de Estado modernos ya no son sacando a pasear los tanques en Valencia el 23F o bombardeando el palacio presidencial en Santiago de Chile en 1973, sino desatando sibilinamente ardores patrióticos mientras revientas el orden democrático.