El derecho ciudadano a la información

El Partido Popular pidió al Congreso de los Diputados la comparecencia del Gobierno ante una comisión investigadora en torno a Podemos. Y aunque no lleva la firma de la señora Álvarez de Toledo (anterior portavoz y hoy crítica con el señor Casado, su pulidor), la solicitud presentada -y tumbada por viradilla- se refiere a imputaciones, supuestas corrupciones (financiación ilegal) e hipotéticos «fondos desembolsados como electorales que terminaron en una barriada de México» ('elmundo.es'). Por tanto, como ciudadano aplaudo al PP pese al frustrado intento.

Así funciona un Estado de derecho: los sospechosos procedimientos de algunos partidos políticos -y la corrupción con todas sus variantes es el peor de ellos- son denunciados, investigados política y judicialmente y sancionados por los jueces si hubiera lugar a pesar de anteriores pataleos, pregonadas persecuciones políticas, 'y tú más' o 'conciencias tranquilas' de sus protagonistas. (Otra cosa bien distinta es la perplejante capacidad de olvido o flexibilidad moral que tienen muchos votantes, acaso acostumbrados ya a las gangrenas, quizás olvidadizos por pragmáticos o, tal vez, débiles en principios éticos.)

Pero PSOE y Podemos echaron abajo tan imprescindible indagación («¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?»). Lo cual, así de pasada, me lleva a una sospecha: ¿transgredió el Gobierno la Constitución española cuyo artículo 20.d. reconoce y protege el derecho ciudadano «a recibir libremente cualquier información veraz por cualquier medio de difusión»? (Sobre todo ante un tema de vital trascendencia: Podemos forma parte del Gobierno, es Gobierno.)

Y «cualquier medio de difusión» es la Prensa en todas sus variantes, atenta a lo fundamental: las palabras orales ante la abortada Comisión con luz y taquígrafos. ¿Por qué, pues, la negativa PSOE / Podemos a su formación? («Si abrí los labios para ver el rostro / puro y terrible de mi patria, / si abrí los ojos hasta desgarrármelos, / me queda la palabra». Así cantábamos con Blas de Otero y Paco Ibáñez cuando la dictadura pretendía silenciar por la fuerza.)

Consecuentemente, casi casi sospecho que Podemos lo iba a tener difícil: sobre corrupciones, financiación ilegal, borrados de discos duros, caja B y demás adláteres el Partido Popular, como decían antes los alumnos, 'sabe la tira'. Y en triquiñuelas, tretas, apaños y ardides... lo entiende casi todo. Es la experiencia acumulada, vive Dios: «Más vale la práctica que la gramática», pregona el sabio refranero popular. Gran adjunto, sí, hubiera tenido la Comisión investigadora.

A la vez, el PP rechaza la solicitud de otros partidos para que el mismo Gobierno diera explicaciones ante la Comisión Permanente del Congreso en torno a su posible intervención... para facilitar y organizar la sutil retirada a tierras orientales del señor Borbón y Borbón (tierras, por cierto, a las cuales no llega la mano de la justicia suiza).

Y ahí sí encontró coleguillas, camaradas: impasible el ademán, la triple alianza (PSOE - PP - Vox) hizo guardia sobre los luceros para que vuelva a lucir la primavera. Y la primavera, ya se sabe, es milagrosa, lo escribe Machado: «Mi corazón espera / también, hacia la luz y hacia la vida / otro milagro de la primavera».

Lo cual confirma, como quien no quiere la cosa, un elemental planteamiento: los tres primeros partidos del Congreso pueden llegar a acuerdos si se lo proponen. Actúan ahora como las flechas del yugo: cual dardos, venablos o saetas son unidades independientes unas de otras. Pero cuando quieren simbolizar la unidad de destino en lo universal se unen en el anterior, tronco común, solar patrio. Tal conjunción, plena y pletórica, fortalece a la institución monárquica, la propiedad privada del apellido Borbón (el Bourbon-Anjou francés) arraigado en tierras españolas desde 1700. Quo usque tandem? ('¿Hasta cuándo?')

Y como la institución monárquica española recibe el apoyo de las fuerzas mayoritarias (remolona socialdemocracia, centro-derecha-derecha y extradiestra pura e inmaculada) ante sospechosos comportamientos del señor Borbón y Borbón, arraiga en muchos ciudadanos la sospecha de arreglos, contubernios, acuerdos secretos, visitas del CNI a Londres e imposiciones de la estructura política ajenos todos a la constitucional legitimidad sobre la información (mencionado artículo 20.d.). Otrosí: el mismo consejero de Justicia de la Comunidad madrileña -exmagistrado del Tribunal Supremo- reconoce en la Ser «el derecho de los ciudadanos a recibirla».

Porque todo lo bueno y lo malo en torno a la monarquía (el señor Borbón y Borbón sigue titulando como rey) afecta directamente al artículo 1 de la Constitución: «3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria». Y el Estado, como organización formada por instituciones burocráticas, está al servicio de la ciudadanía.

Los autoproclamados «partidos constitucionalistas», pues, defienden y reclaman la continua presencia del Gobierno de turno en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas. Pletorizan cuando pregonan a los cuatro vientos una verdad indiscutible: la institución es sede de la soberanía popular. Y en tal efervescente rigor democrático se mueven... mientras las actividades no afecten a las «cuestiones de Estado», ¿privadas?

Por tanto, enlazados por el fervor patrio a veces dejan de lado dimes y diretes, rojeríos y azulidades, alianzas con satanizados o extremísimas diestras: investidos como salvadores de la Patria ocultan a la ciudadanía el inviolable derecho a la información.

Así actuaba la dictadura anterior mientras la revista canaria 'Sansofé', con valentía, reclamaba libertades, urnas, autonomía, reconocimiento a las peculiaridades canarias, derechos humanos... e información veraz. Y sobre la pureza de esta, escribió: «Cuando la información se ve coartada o cuando no es posible que aparezca con la precisa nitidez las posibilidades del diálogo y participación [...] se ven frustradas y sin poder ofrecer todos sus beneficios». (Editorial del número 34 con fecha 3 de octubre de 1970).

Era el tardofranquismo, es cierto. Pero la esencia de la dictadura permanecía incólume. Tanto, que por un ardid puramente administrativo consiguió cerrar la revista, crítica y vociferante contra el sistema dictatorial. Hoy, sin embargo, presumimos de derechos y libertades. Pero PSOE - Podemos bloquean la investigación solicitada por el PP. Y PP, PSOE y VOX echan abajo la propuesta sobre el señor Borbón y Borbón.