Primera plana

Clavijo y el recurso de queja

19/03/2019

Se especula que pronto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) resuelva el recurso de casación presentado por la defensa de Fernando Clavijo al reincorporarse la magistrada Carla Bellini que ha estado de baja. Con la Ley de Enjuiciamiento Criminal en mano, lo suyo es que Margarita Varona y Bellini rechacen preparar el recurso ante el Tribunal Supremo (TS). Es más, ese fue su criterio y por eso estaba previsto que Clavijo compareciera en sede judicial lagunera el pasado viernes 15 de marzo. ¿Qué ocurrirá justo después de que el TSJC emita su decisión si se confirma que es denegatoria? Puede haber una maniobra de dilación, otra más, por parte de Clavijo.

En concreto, en el plazo de dos días tras la notificación del auto del TSJC, la defensa de Clavijo, creyéndose agraviado, se agarraría a un último trámite: acudir en queja a la Sala Segunda del TS. Un instrumento contemplado en los artículos 862 y 863 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es un trámite inusual, entre otras cosas porque conlleva el severo riesgo de pagar las costas judiciales. Pero puede que el gasto no sea problema (pagar el abogado y procurador de la otra parte) y ganaría algo de tiempo de cara a las elecciones. Eso sí, al igual que el recurso de casación, jurídicamente el de queja tampoco debería prosperar.

«En fin, son unas jornadas decisivas. Hacía mucho que la política canaria no estaba sometida a semejante tensión; la enjundia de las consecuencias que puede vivirse»

El presidente de la Sala Segunda del TS justo es el magistrado grancanario Manuel Marchena. El margen de maniobra es más bien escaso en aras de esa pretendida prórroga que ganaría Clavijo para sortear el punto de inflexión de las elecciones. Dicho en plata, si el TS no se pronuncia antes de los comicios (restan dos meses) sí puede hacerlo a la altura del verano que coincide con la sesión parlamentaria para la investidura del presidente. Y no se debería investir a un jefe del Ejecutivo del que la Sala Segunda del TS está pendiente de manifestarse para adjudicarle el conocimiento del caso Grúas bien al TSJC forzando una inexistente ultraactividad o, atendiendo a criterios jurídicos, subrayar (¡otra vez!) que la competencia de la causa se encuentra en el juzgado lagunero desde que el nuevo Estatuto de Autonomía retirase el aforamiento y otorgase a los miembros del Gobierno y diputados el derecho a la tutela judicial efectiva a través del juez natural que le corresponda. Es decir, como cualquier ciudadano.

En fin, son unas jornadas decisivas. Hacía mucho que la política canaria no estaba sometida a semejante tensión; la enjundia de las consecuencias que puede vivirse. Insisto, no merece la pena desplegar técnicas procesales dilatorias en las que subyacen temores que, a tenor de la presunción de inocencia, Clavijo no debería tener. Y aunque su defensa opte por apurar este escenario, es mejor que comparezca para dar su versión del caso Grúas y, según su convicción ante los hechos presuntamente punibles, dar carpetazo. La sociedad canaria merece aclarar la verdad.