Primera plana

Canarias y el efecto de Cataluña

21/02/2020

Si la mesa de negociación entre el Gobierno central y el catalán prospera, a comienzos de 2021 debería encaminarse un nuevo sistema de recaudación (con los trámites estatutarios y/o legales previos) que implicaría la creación del cupo catalán que lo asemejase al vasco y al concierto navarro. Más allá del recorrido jurídico a concretar, la conclusión entonces sería inequívoca: la realidad estatutaria del conjunto del Estado se verá salpicada por el avance material (legítimo) de Cataluña. Es decir, el cupo catalán constituye materialmente un antes y un después en el que, ahora sí, podría anunciarse el agotamiento del modelo del café para todos. Cataluña supone para la economía española en torno al 19%.

Lo anterior es tan solo un ejemplo, sin duda de los más significativos, del horizonte estatutario que enseguida se abrirá en el Estado (salvo que en las elecciones catalanas venza la opción unilateral de JxCat sobre el posibilismo, tampoco gratuito, de ERC) y que atañe a Canarias.

Toda reformulación del modelo autonómico que pase por Cataluña, que es la única (junto al País Vasco) que lo puede propiciar, reabre el dilema de las velocidades autonómicas. Nada nuevo, por otra parte. En el fondo, es el debate constitucional de antaño de acceso a la autonomía: la vía rápida del artículo 151 o la lenta del precepto 143 del texto constitucional. Y recordemos que entonces, como sucedería análogamente en la actualidad, Canarias tuvo que ceñirse al 143 acompasada por la Lotraca para poner en marcha su autogobierno.

Por supuesto, todo este recorrido político se sustancia constitucionalmente y, con lógica, rebasa al Pacto de las Flores. Especialmente, porque el PSOE atenderá las peticiones catalanas y vascas porque no le queda otra, le obliga a Pedro Sánchez la aritmética parlamentaria si desea alargar la legislatura. Es el precio que tiene que pagar por haber repetido las elecciones generales (10N) y no haber pactado con Albert Rivera tras el 28A. Pero si en Canarias puede evitarlo, mejor que mejor pues añade más munición al debate territorial en Madrid en el que, a todas luces, La Moncloa preferirá acotarlo a Cataluña y al País Vasco.

Ángel Víctor Torres reclamará la transferencia de competencias en materia aérea, de costas y hacienda. Son ámbitos que, en principio, deberían ser recibidas por Canarias con similar diligencia que el País Vasco a cuenta de las 32 competencias pendientes objeto de un cronograma elaborado entre la ministra Carolina Darias y el lehendakari. En cierto modo, la rapidez con la que se satisfaga las demandas vascas y catalanas será la prueba de fuego que concierne a Torres con respecto a las tres citadas desde el archipiélago. Es más, tiene su aquel que precisamente la titular de Política Territorial y Función Pública, Darias, sea canaria y del mismo partido; por lo que cada fotografía y cumbre en Cataluña y País Vasco presiona a las islas en cuanto su estatus en el universo autonómico justo en un panorama tan cambiante e incierto.

El cupo catalán y la gestión económica de la Seguridad Social al Gobierno vasco (a estudio y a la espera de la renovación del Pacto de Toledo) son dos ejes de una relevancia estatutaria extraordinaria que suponen un antes y un después en aras del reconocimiento del autogobierno respectivo. De largo, ambas incidirán en el conflicto político en una legislatura marcada, de principio a fin, dure lo que dure, sea poco o mucho, por el debate territorial en el que Canarias corre el riesgo de ir a remolque de la agenda espoleada por Cataluña y el País Vasco. Si a esto le añadimos la cita con las urnas, 2020 será el año de las nacionalidades históricas en el que el PSOE, si desea perdurar en La Moncloa, tendrá que despojarse de su alma jacobina y abrazar la plurinacionalidad. Un punto de inflexión en el que Canarias no puede ni mucho menos padecer retardos. Su reconocimiento estatutario como nacionalidad hay que hacerla valer, cueste lo que cueste políticamente y más allá de sus repercusiones institucionales.