Asalto al Poder Judicial

Ya es todo tan esperpénticoque hasta la ministra de Justicia manifestó que, si no se renuevan, pues que no cobren…

Luis Nanton Díaz
LUIS NANTON DÍAZ Las Palmas de Gran Canaria

Cuesta escribir de forma ponderada sobre el poder judicial después de conocer el controvertido indulto al expresidente de la Junta de Andalucía. Fue condenado tras un proceso judicial eterno que contó con todas las garantías procesales. Lo del Sr. Griñan, a todas luces, es un insulto para la mayoría de los españoles y un nuevo «corte de mangas» a toda la estructura judicial. Hay poco que comentar acerca del personal que ha firmado a favor de esta inmerecida medida de gracia, entre miembros del partido, estómagos agradecidos y redes clientelares; todo muy poco digerible.

Y menos mal que hace unos años, una mujer valiente, la juez Mercedes Alaya, pese a las innumerables presiones, inició toda la instrucción del juicio por corrupción, más sonado desde hace varias décadas. Pese a ello, no puedo quitarme de la cabeza, innumerables ejemplos de estos últimos tiempos. Los aberrantes indultos para unos golpistas catalanes, que destrozaron el ordenamiento legal y tiraron a la basura ingentes cantidades de recursos públicos. Las reiteradas condenas al gobierno de la nación, por las aberraciones frente a la Constitución como confinamientos, paralización de la vida parlamentaria que sólo han servido para refrendarle a los infractores, que pueden actuar de forma despótica y totalitaria con impunidad.

El Consejo General del Poder Judicial tiene pendiente su preceptiva renovación desde diciembre de 2018. Han sido varios y poco sinceros, los regateos políticos para sustituir a los 20 vocales -aparte de su presidente-, para lo cual se requiere el apoyo de al menos dos tercios de ambas cámaras. Esto conlleva el acuerdo entre los dos grupos mayoritarios del Parlamento, PSOE y PP. Temerarios cómplices desde hace décadas, y con líos judiciales para regalar, del sojuzgamiento del poder judicial a los partidos políticos.

Su Sanchidad dejó claro su muy personal concepto de la justicia, cuando explicaba sin ambages, de quien depende la fiscalía. La falta de recato se manifiesta una vez más en decisiones como la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de ascender a la máxima categoría de la Carrera Fiscal a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, quien a su vez fue ministra de Justicia del primer Gobierno de nuestro Gran Timonel. Por no hablar de la pareja de la Sra. Delgado y de su habilidad para manejarse entre bambalinas.

El desbarajuste resulta tan histriónico, que hasta la Comisión Europea se ha visto obligada a tomar cartas en este embarazoso asunto. Todavía desconocemos el resultado de la reciente visita a España de su responsable de justicia, pero este bloqueo político a la renovación del CGPJ resulta insostenible, máxime con la amenaza de su presidente de dimitir en breve. El CGPJ no sólo hace nombramientos de magistrados en altos cargos de órganos judiciales, sino que también se encarga de conceder bajas laborales a los jueces, de la inspección de juzgados y tribunales o de la formación y selección de jueces. Un órgano que pierde a su presidente electo y tiene sus funciones muy mermadas puede perder parte de su legitimidad. Ya es todo tan esperpénticoque hasta la ministra de Justicia manifestó que, si no se renuevan, pues que no cobren…

No se cumple el principio esencial de la separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Los sucesivos gobiernos que se reparten el poder eligen a los miembros de su Ejecutivo, a los miembros del Legislativo, a los que, posteriormente de ser nombrados diputados, atenazan con la inmisericorde disciplina de voto, con lo que desaparece la escasa apariencia que existía de representación popular. Estos a su vez, y de una forma cada día más descarada designan a los miembros del Consejo del Poder Judicial quienes a su vez nombran a los puestos clave de los distintos tribunales. Todo este embrollo, del que la sociedad civil es cómplice con su silencio, conlleva una disolución de la necesaria estanqueidad y separación de los poderes del estado.

Los despóticos desvaríos de la Moncloa intentan distorsionar todo lo que todavía funcione en el Estado y sus administraciones. No les es suficiente con el clima de enfrentamiento que han insuflado en la sociedad para mantenernos en constante despiste, sino que dilapidan enormes cantidades de dinero público en televisiones y medios absolutamente dependientes, y en unas redes clientelares, que son tan caras como inasumibles. Acabo de ver las primeras imágenes del documental contratado por presidencia del gobierno, con el dinero de todos, para promocionar a su Sanchidad y resulta evidente que les da todo lo mismo y que saben que somos idiotas. Lo jocoso hubiera sido, si la serie televisiva presidencial hubiera sido producida por Netlfix, dado que posiblemente el Sr. Presidente tendría otro color.

De verdad, esto es un desparrame totalitario. El presidente del Gobierno prepara un nuevo asalto al poder judicial para fortalecer la partitocracia de siempre y sus objetivos limitados al corto plazo, sin perspectiva de futuro. El fonil por el que transcurre la nefasta gestión del gobierno central y sus satélites autonómicos les obliga a intoxicar la justicia en su totalidad y a órganos que, sin pertenecer al Poder Judicial, ponen en valor la Constitución. No tengo gran confianza en las instituciones europeas, pero a lo mejor suena la flauta y la verificación comunitaria podría abortar las maniobras del Gran Timonel de la Moncloa. Sería suficiente con una reforma que desbloquease definitivamente la elección de la cúpula judicial.

Al igual que en el caso de los ERE, una vez más los partidos políticos de siempre se apoderan de ingentes cantidades de dinero, para perpetuarse en el poder, para beneficiar a sus viciadas estructuras, para conservar y engrandecer su poder político. Es indudable que lo de Griñan es de mucho mayor calado que lo de Bárcenas, pero puestos a realizar comparaciones, me resulta brutal lo de iluminados golpistas como Puigdemont y sus secuaces que tanto degradan a Cataluña. Al final, siempre es lo mismo, se trata de obtener ventajas y beneficios para tener la potestad de legislar y a partir de ahí, direccionar medios de comunicación, instituciones y dejar al sistema, al estado, a la nación, como el coto de caza del partido.