Opinión

A ver si nos enteramos

27/06/2020

La demagogia es la peor consejera del ejercicio de la política, aunque es el recurso más frecuente de ese quehacer. Cuando hablamos de los superávits y de los remanentes de los ayuntamientos, cabildos y del Gobierno de Canarias, que están depositados en los bancos, no estamos aludiendo a superávits o remanentes reales de esas administraciones. De lo que se trata es de que esos superávits y remanentes son parte de la garantía del Estado español para salvar sus cuentas ante Bruselas, donde ese Estado incumple su déficit y su deuda pública desde antes del coronavirus, y no digamos después de la catástrofe económica que ha significado la pandemia de la Covid-19.

Esas cuentas teóricamente positivas de las partes: ayuntamientos, cabildos, gobiernos autónomos, sirven para paliar las cuentas negativas generales del Estado ante sus compromisos con el resto de los países miembros de la Unión Europea. Si la familia debe tanto, los miembros de la familia han de colaborar para pagar la deuda. Así de fácil. No podemos disociar las partes del todo.

Los compromisos de España ante la Unión Europea son evidentemente deficitarios y alguien tendrá que subsanar lo que se debe, si no queremos ser intervenidos y desposeídos de todos los fondos y prebendas que nos llegan de Europa. Todas las administraciones públicas españolas son corresponsables de lo que se debe a Bruselas, si queremos cumplir con el resto de los socios comunitarios.

La deuda pública española se situará pronto en el 115/120% del PIB, en el mejor de los vaticinios, otros hablan de un 133%, y su déficit en casi un 10%, otros escenarios menos optimistas hablan hasta de un 17,6%. Incumplimientos dramáticos con respecto al ajuste fiscal y al desendeudamiento.

A pesar de que ayuntamientos, cabildos y gobierno autónomo hayan podido cumplir con sus obligaciones, como es el caso de lo sucedido en Canarias, el dinero de los supuestos superávits y de los remanentes de las administraciones públicas españolas no es sino un principio mínimo de garantía para que el Estado no quiebre y pueda seguir prestando los servicios públicos indispensables, no despida a setecientos mil empleados públicos, no recorte el salario mínimo, no reduzca las pensiones y no privatice las empresas públicas, entre otras medidas impuestas por la troika, léase Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europeo.

Esas son las reglas de juego de la convergencia de un estado europeo para participar en la zona euro: el déficit público no puede superar el 3 % del PIB, la deuda pública no puede ser superior del 60 %. Esas son las reglas de juego de la llamada zona euro: o las cumples o tendrás que salir de ese espacio monetario con las penalizaciones antes enumeradas.

A ver si nos enteramos de qué estamos hablando.

Juan-Manuel García Ramos es presidente del PNC y diputado de CC-PNC-AHI.