Freno a la huida de Puigdemont
Domingo, 29 de octubre 2017, 09:52
En un claro desafío al Estado de derecho, Carles Puigdemont compareció ayer ante las cámaras de TV3 -convertida, por si había duda, en correa de transmisión del independentismo- en calidad de «president» de Cataluña para animar a sus paisanos a mantener una «oposición democrática» frente a las medidas aprobadas el viernes por el Consejo de Ministros en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y luego, como si fuera un profesor dando clases de derecho, ha añadido: «En una sociedad democrática, son los parlamentos los que escogen o cesan a los presidentes».
Para empezar, faltan adjetivos para calificar en términos políticos la actitud de quien fue destituido el viernes como presidente en una medida perfectamente legal. Severa si se quiere, pero porque la gravedad de los hechos exigía firmeza para que no continúe el atropello a las leyes, que son las que marcan las pautas de convivencia. Como acertadamente contestaron desde el Gobierno de España, serán los tribunales quienes deban calificar el comportamiento de Puigdemont y de su equipo, unos actos que cargan de razones a quienes reclaman a la Fiscalía una acción por la vía penal sin más dilación.
En cuanto al contenido de lo dicho por Puigdemont, supera, por difícil que pareciera, el listón de la desfachatez que tan alto había puesto esta semana. La «oposición democrática» de la que habla se ejerce en los parlamentos, pero respetando la legalidad y los reglamentos. No haciendo trampas, como ocurrió en el Parlament, que tramitó una propuesta de votación que hasta sus servicios jurídicos calificaron de contraria al ordenamiento constitucional; y no con esa actitud cobarde de quien fue invitado a acudir al Congreso para defender sus tesis y al Senado para evitar el artículo 155, y no tuvo la gallardía de hacerlo porque era sabedor de la derrota que le esperaba. Derrota que sí es una «oposición democrática» al independentismo porque se produce dentro de los cauces del propio juego democrático, y no con las actitudes de quienes se instalan fuera de la ley y pretenden legitimarse con un puñado de votos irregulares.
Pero si lamentable es que siga descalificándose como político y deshonrando el cargo que ocupó, lo grave es la irresponsabilidad de animar a la ciudadanía a una rebeldía que quiebra todavía más la convivencia pacífica. Puigdemont está buscando la provocación desde la convicción de que un conflicto en las calles o a las puertas de una institución le permita presentarse ante su público -y quizás ante la comunidad internacional- como una víctima. Busca, por tanto, escudos humanos tras los que parapetarse, en una huida hacia adelante que, ya una vez cesado, no puede tener otro freno que la inmediata depuración de sus responsabilidades en la vía judicial.
Y eso no será represión, sino la respuesta también democrática de un Estado de derecho. Ese que él pretendió dinamitar.
