Cruceros en las islas, dos visiones diferentes

07/12/2018
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Silvia Fernández

El mayor operador de cruceros del mundo, Carnival Corporation, que controla el 55% del negocio mundial con marcas como Aida Cruises, Costa Cruceros y Cunard, entre otras, ha resultado ser la concesionaria para la terminal de cruceros que se ha construido en el puerto de Santa Cruz de Tenerife con dinero público. La noticia que ha sido celebrada en la isla vecina como si les hubiera tocado la lotería puede que, a la larga, no sea tan ventajosa y resulte ser un hándicap para el desarrollo del puerto santacrucero en los cruceros.

Es cierto que dando la concesión a Carnival Santa Cruz de Tenerife se garantiza el tener en su puerto a la mayor empresa de cruceros pero, al tiempo, está cerrando la puerta a otros grandes operadores. Ese es el problema de las terminales dedicadas (aquellas que mueven tráfico privado), que después el resto de operadores del mercado son reticentes a mover allí sus tráficos porque supondría que la competencia tuviera acceso a su información interna: pasajeros que mueven, precios, organización... Además, luego vendría el problema de la venta de excursiones una vez que atraque el crucero y de otras ofertas que daría Carnival al crucerista de otro competidor.

Los que entienden del asunto aseguran que el puerto de Tenerife ha apostado por una visión cortoplacista que puede ser perjudicial a largo plazo porque se está dando el control de la isla a un grupo.

Frente a esta opción está el puerto de Las Palmas que en la nueva terminal de cruceros que proyecta va a apostar por el modelo de Obligación de Servicio Público (OSP), de forma que pueda ser utilizada por distintas empresas. La idea es sacar la terminal a concurso y que sea un «operador neutro» la que la explote y la ponga al servicio de las empresas que lo demanden en un mercado creciente. Esto abre un gran abanico de posibilidades ya que permitiría optar a la concesión a cualquier empresa del sector turístico y portuario como Riu, Lopesan, Binter, hasta la propia Aena e incluso alguna empresa del puerto, es decir, «cualquier operador que no sea parte». Como siempre, será el tiempo el que dirá quién tenía razón.