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Al parecer debe haber una alerta terrorista que pese sobre La Laguna. Ayer, antes de la apertura oficial del Juzgado de Instrucción número 2, Fernando Clavijo entró a las 7:45 horas cuando estaba citado a las 9:30 horas para declarar como investigado. Lo normal es adelantarse quince o treinta minutos. No más. Pero quería evitar (luego cambió el proceder en la salida de las dependencias judiciales) una fotografía histórica en la política canaria: la de un presidente del Gobierno compareciendo como imputado. Nunca había ocurrido. Clavijo recibió un trato de favor que, al ser denunciado públicamente, se dijo que era por motivos de seguridad. Si es así, ya está tardando en saberse la escolta que le puede acompañar. Valga la ironía. La tradición, en tiempos de ETA, era que el jefe del Ejecutivo canario solo llevase un policía de paisano y porque lo obligaba el Ministerio del Interior. Con todo, alguien madrugó más de la cuenta y le abrió la puerta del edificio a Clavijo porque otro dio la orden emanada desde la autoridad competente. Le brindaron un favor que el resto de la ciudadanía no tiene ni por asomo.

Luego, para rematar la faena de los privilegios, Clavijo convocó una rueda de prensa desde las instalaciones de Presidencia. Utiliza la institución por una actuación suya de la época de concejal y alcalde lagunero en la que se le endosa a día de hoy a cuenta del caso Grúas tres tipos penales: prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

El manchón que ha volcado Clavijo sobre la dignidad institucional de la política canaria es inconcebible. Ha tratado de aferrarse a un aforamiento inexistente que contradecía su cacareada tranquilidad y deseo urgente de declarar. No se corresponde a la realidad. Los hechos contradicen sus palabras. Ha manejado todos los intentos posibles desde el poder para retrasar las actuaciones del caso Grúas, al interponer un recurso tras otro, para que solo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le enjuiciara. Pero hoy la imputación persiste. Y Clavijo va camino de ser otro Miguel Zerolo en su deriva con el caso Las Teresitas que encumbró una época de corrupción de la que aún CC no ha reaccionado.

Un ejercicio de transparencia al calor de la presunción de inocencia es dar la cara al entrar en el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna y sobre la marcha dar las declaraciones oportunas a los medios de comunicación. Pero su nerviosismo se advierte al contratar a un abogado de minuta galáctica, José Antonio Choclán, porque teme las razones fundadas en el informe de la fiscal anticorrupción, María Farnés. Clavijo y CC cargan con el caso Grúas y la imputación sobre el actual presidente de tres delitos relacionados con la corrupción. Jamás en Canarias habíamos vivido un episodio judicial tan grave que atañe de lleno al máximo responsable del autogobierno. Además, se mantiene como candidato de CC. Todo apunta que llegará a la cita con las urnas como imputado.

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