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Llegados a este punto, a semejante periodo largo de un Gobierno en funciones, estirarlo una semana más o una menos no tiene importancia. Sin embargo, apurar tanto el calendario por parte de Pedro Sánchez trasluce que la mayoría parlamentaria a su favor no está del todo armada sino sujeta al capricho de la volatilidad de la actualidad política, y que hay condicionantes externos en Cataluña que puede estropearlo en cualquier momento. Pensemos, a cuenta de esto último, en la inhabilitación de Quim Torra y, por consiguiente, en las elecciones catalanas que se intuyen próximas en las que Carles Puigdemont recobrará protagonismo. Un escenario endiablado para ERC en el que JxCat trata de romper la aproximación de la formación de Oriol Junqueras con los socialistas.

A PSOE, Podemos y ERC les interesa (por distintos motivos) que Sánchez sea investido. A ninguno de los tres les mueve el deseo de unos terceros comicios generales en los que nadie sabría qué pasaría frente al notorio hartazgo ciudadano. Y de ellos, el que más arriesgaría es el PSOE. De ahí, que ahora Sánchez tenga unas prisas que a lo largo de los meses anteriores nunca tuvo porque pensaba que con la repetición electoral saldría reforzado. Craso error. De hecho, ya lo está pagando caro y lo seguirá pagando.

El PSOE necesitará de ERC y EH Bildu. Primera conclusión: el debate territorial determinará la legislatura, si es que finalmente arranca. El posible encaje a Cataluña con la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía, trastocará el puzle del resto del país tanto por la inédita dimensión competencial que conllevará (esa norma tendrá un claro aroma de federalismo asimétrico cuando menos o incluso protoconfederal) como por el modelo de financiación autonómica. El pacto territorial se rompió en Cataluña fruto de la STC 31/2010 y hay que recomponerlo. El problema está en que tanto Vox como el PP interpondrán entonces recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Es decir, sin el PP no puedes llevar a cabo un reajuste de la estructura territorial del Estado (nacionalidades y regiones) que se consolide a efectos prácticos. En el Alto Tribunal, cuya composición futura será toda una batalla política, seguirá descansando indebidamente la articulación territorial mediante su jurisprudencia y su labor de legislador negativo. Y ya sabemos que esta saturación ha propiciado, junto a otros factores, el tablero en el que justo hoy nos encontramos.

Solo tiene sentido un Gobierno de PSOE y Podemos auspiciado por la abstención de ERC y, probablemente, de EH Bildu, si va a liderar una reforma constitucional o un uso e interpretación expansiva del artículo 2 de la norma fundamental en aras de armonizar las pretensiones de las nacionalidades históricas. De lo contrario, ceñido a la materia social, antes o después fracasará generando una frustración electoral de imprevisibles consecuencias. La severa confrontación entre el Ejecutivo de Sánchez y Pablo Iglesias con el PP y Vox ya se da por descontado. La única ocasión que tendrá el Gobierno de coalición, si es que se conforma, será su capacidad de remover las pautas del marco de juego. De no ser así, la tragedia territorial resquebrajará a la izquierda; especialmente al PSOE.

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