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Bochorno y decepción

Bochorno y decepción

«Produce cierta vergüenza ajena el juego de poder y de intereses que marcan la agenda de los españoles y que colocan en un segundo o tercer plano los problemas reales y hasta los logros»

Jueves, 1 de enero 1970

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Produce bochorno el enfrentamiento político que pone en jaque a las instituciones del Estado, contribuyendo a un mayor desprestigio. La crisis acabó con la credibilidad de la Justicia, de los políticos, de los bancos, de sindicatos, de la Iglesia, de la monarquía y dejó al descubierto el desparpajo con el que se conducían, la avaricia y falta de ética en el funcionamiento de las mismas. Hoy, diez años después, cuando la recuperación es un hecho, la enconada y extraña situación política española, el juego por el poder, corroe por dentro los cimientos de las instituciones y deja la ilusionante renovación en papel mojado.

Los renovadores, salvo honrosa excepciones, los nuevos líderes que desbancaron a los acusados de causar la crisis, la corrupción y llevar a España a una situación límite, los nuevos iconos de la política, mantienen intactos los viejos tic y comportamientos. Hacen exactamente lo mismo, o peor que sus destronados y vilipendiados antecesores. La inestabilidad y la debilidad del Gobierno está desbordando los cauces legales, y democráticos, forzando situaciones que rozan la ilegalidad. El juego por el control de los centros de poder y dejar amarrado para el futuro las instituciones del Estado, convierte a sus profesionales en monigotes de la política y su acción al servicio del país en una mascarada.

Pasó con Radio Televisión Española y pasa ahora con la Justicia. El último y más vergonzoso episodio de este drama que vive España es la anómala elección del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Sobrepasando todos los umbrales de la legalidad y la decencia PP, PSOE y Podemos se reparten sin ningún escrúpulo los puestos del Consejo y, en contra de la legalidad, nombran a Manuel Marchena como presidente, cuando debía ser nombrado por el pleno entre juristas de prestigio. Para decepción de la Justicia y de los ciudadanos que aún creemos en ella... peor no se puede hacer.

El desbordamiento de los procedimientos y la excepcionalidad es ya un hábito en España. No se puede gobernar a base de decretos, pensados por el legislativo para casos muy puntuales. La cuestión es más grave cuando el propio Gobierno reconoce que no pudiendo aprobar sus presupuestos se mantiene en el poder y que gobernar por decreto, que es lo mismo que decir que «hará lo que pueda».

La situación es escandalosa. Ocupación espuria de las instituciones, lucha entre éstas propiciada por el propio Gobierno, enconamiento político por el poder frente a los problemas que padece España, política espectáculo en su máximo apogeo, sospechas generalizadas sobre la rectitud de los políticos, falta de liderazgo en todos los ámbitos, empoderamiento de sectores económicos y enfrentamiento con otros no afines, alineaciones obligadas de medios de comunicación, comunidades premiadas y otras castigadas... toda una amalgama de malestar que conduce a algo que los periodistas detectamos rápidamente: el cansancio de los ciudadanos de la política, de lo que hacen y lo que dicen y la conclusión más simple: «Todos son iguales».

En Canarias, el enfrentamiento del presidente del Gobierno con la Fiscalía y con los órganos judiciales desborda también el correcto funcionamiento de las instituciones y politiza de forma desmedida la necesaria independencia de la Justicia, por otro lado siempre mediatizada. Fernando Clavijo tiene derecho a defenderse, incluso cuando sospecha que está siendo objeto de una campaña política y se han conculcado sus derechos, pero ¿se está defendiendo correctamente el presidente del Gobierno poniendo en jaque a las instituciones por una cuestión que sucedió cuando era alcalde de La Laguna y que tiene toda la apariencia de ser un caso menor, una de esas alcaldadas propias de la juventud? ¿Está respondiendo la Justicia con criterios estrictamente profesionales y legales o se está dejando mediatizar por los intereses políticos de unos y de otros creando una brecha mayor en su ya precaria situación ante los ciudadanos?

Sea como sea, no sólo en Canarias, este no es el mejor ambiente para un funcionamiento normal, sereno y adecuado de las instituciones. Produce cierta vergüenza ajena el juego de poder y de intereses que marcan la agenda de los españoles y que colocan en un segundo o tercer plano los problemas reales y hasta los logros políticos, en Canarias, por ejemplo, el sustancial avance del Estatuto de Autonomía y del REF.

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