José Manuel Bandrés, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. / Efe

Los vocales del Poder Judicial aceleran para renovar este mes el Constitucional

La designación del magistrado del Supremo José Manuel Bandrés por el bloque progresista aproxima el acuerdo, pese a algunas «reticencias» en el sector conservador con este candidato

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madrid

Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designaron este jueves a su candidato para el Tribunal Constitucional, el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, integrante de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desde hace 19 años. La elección de los ocho consejeros que conforman este bloque provocó un efecto inmediato en el órgano de gobierno de los jueces, a quien le compete nombrar a dos magistrados para la renovación parcial de la corte de garantías (los otros dos le corresponden al Gobierno, por lo que se producirá un vuelco en las mayorías del tribunal, de conservadora a progresista).

A expensas de lo que vote finalmente el Pleno del Consejo -cada candidato requiere una mayoría cualificada de 11 de los 18 votos en liza-, la designación de Bandrés, miembro fundador de la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), reactivó la comisión negociadora creada con los vocales conservadores para renovar el Constitucional, cuyo plazo legal venció el pasado 13 de septiembre. La comisión no se reunía desde el pasado 5 de octubre y este jueves volvieron a sentarse sus cuatro integrantes: los vocales conservadores Carmen Llombart y José María Ballestero y los progresistas Álvaro Cuesta y Roser Bach.

La novedad es que acordaron mantener los contactos de forma permanente y celebrar una nueva reunión de carácter presencial el día 16. Hasta entonces, el grupo conservador adelantó que culminará la búsqueda de posibles candidatos después de la negativa de varios magistrados del Supremo que han sido tanteados.

Del mismo modo, este bloque mayoritario en el Consejo, con nueve integrantes, evaluará la idoneidad del candidato José Manuel Bandrés. Algunos integrantes del sector conservador han mostrado «reticencias» al considerarlo un candidato gubernamental, según fuentes del CGPJ, aunque se espera que pase el corte y en el pleno de finales de mes pueda anunciarse un acuerdo.

No obstante, pese a las buenas intenciones de la comisión, el principal obstáculo para cumplir con la letra de la ley y designar a los magistrados del TC es el nuevo escenario que se abre por la ruptura de las negociaciones entre PSOE y PP para la renovación del CGPJ, que va camino de los cuatro años de interinidad.

Antes de llegar a cualquier acuerdo sobre el Constitucional, los vocales conservadores reiteraron en un comunicado la necesidad de adoptar medidas para paliar las vacantes en el Tribunal Supremo (17 de las 79 plazas). Una situación que ya está afectando al funcionamiento ordinario del alto tribunal: se estima que se han dictando unas 800 sentencias menos en el último año.

El motivo es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de marzo de 2021, impulsada por PSOE y Unidas Podemos, que impide al Consejo realizar nombramientos de cargos judiciales estando en funciones. «Esta reforma nos impide cumplir con una parte sustancial de nuestras funciones constitucionales», denunciaron los vocales conservadores.

Medidas de choque

Este bloque avanzó que en los próximos días presentará un paquete de propuestas «a la vista de la información que facilite el Servicio de Inspección del CGPJ con el objetivo de recuperar el funcionamiento normal del Consejo y de la Administración de Justicia».

Un anuncio que podría demorar la renovación del TC -uno de los grandes objetivos del Gobierno por el citado cambio de mayorías- cuando no amenace con estancar las negociaciones si los vocales conservadores deciden exigir al Gobierno derogar la citada reforma de marzo de 2021 para alcanzar cualquier acuerdo.

Con este escenario, el vocal Juan Manuel Fernández, del bloque conservador, señaló ayer desde Pamplona que «igual que el poder legislativo modificó aquella ley para que pudiéramos hacer los nombramientos del Tribunal Constitucional, les pido que valoren la necesidad de que nos devuelvan esta competencia para hacer la totalidad de nombramientos». Fernández recordó que es una decisión del poder legislativo: «En marzo de 2021 consideró que no podíamos realizar más nombramientos dada nuestra situación, pero esa ley fue reformada o contrarreformada en julio pasado porque se estimaba que era prioritario que el Constitucional pudiera renovarse y funcionar normalmente», explicó.

El vocal defendió que esas mismas consideraciones son exactamente aplicables al Tribunal Supremo, que se halla en una situación peor -las vacantes que se producen por jubilación, fallecimiento o excedencia no se pueden cubrir y no hay nadie que pueda realizar esa labor- que la que tiene el Tribunal Constitucional», pendiente de renovar cuatro de los 12 magistrados desde junio pasado, entre ellos su presidente y el vicepresidente.