El tribunal deja en manos de la Fiscalía la decisión de expulsar de la carrera a su exjefe
La sentencia delimita la inhabilitación de García Ortiz al cargo de fiscal general y considera «excesiva» si afecta también a su continuidad en la carrera, aunque eso le compete al Ministerio Público
Uno de los asuntos más controvertidos de la sentencia contra Álvaro García Ortiz son el alcance de los dos años inhabilitación y la responsabilidad ... civil que deberá abonar (10.000 euros) por daños morales al querellante Alberto González Amador. La resolución asegura sobre el primer asunto que la pena «supone la privación definitiva del cargo sobre el que recae», concretándose exclusivamente en el que ostentaba el acusado en el momento de los hechos: fiscal general del Estado.
Desde este prisma, a la mayoría del tribunal le parece que, desde una perspectiva estrictamente penal, «es proporcionada esa acotación». Añade el ponente Andrés Martínez Arrieta que no es necesario ser fiscal para alcanzar la titularidad de la Fiscalía General del Estado, por este motivo «no nos corresponde dilucidar las consecuencias extraprocesales de la condena, que se mueven en otro plano; tan solo constatamos que penalmente esa extensión limitada a ese cargo nos parece proporcionada revelándose como excesiva su proyección a otros», asegura.
Con esta argumentación, los firmantes de la condena a García Ortiz dejan en manos del Ministerio Público las consecuencia de la ejecución del castigo, aunque sostengan como opinión que sería excesivo si la misma pena conllevara además su expulsión de la carrera profesional, como a partir de ahora se va a poner encima de la mesa.
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Y es que según el artículo 32.4 del reglamento del Ministerio Fiscal, relativo a la causa de la pérdida de la condición de fiscal, la pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o la condena por delito doloso, como ha sido la revelación de datos reservados, supone la salida de la institución por motivos disciplinarios. Al ser un castigo superior a los seis meses de inhabilitación, tampoco puede hacer uso de la posibilidad de sustituir la pérdida de condición de fiscal por una suspensión temporal, según le concede el artículo 44.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). Por lo tanto, el futuro laboral de García Ortiz también se torna oscuro.
Esto supone que la próxima fiscal general, Teresa Peramato (tomará posesión este jueves en el Tribunal Supremo) tendrá que responder, probablemente en el primer consejo fiscal de su mandato, a la previsible petición de los vocales de la Asociación de Fiscales (AF) -colectivo mayoritario de carácter conservador- y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerció la acusación popular en el juicio, sobre las consecuencias internas de la condena a quien fuera el jefe de la carrera hasta el pasado 24 de noviembre.
A partir de aquí, comenzaría un proceso interno desde la Inspección Fiscal para determinar si existen los citados motivos disciplinarios derivados de la inhabilitación para ejercer únicamente como fiscal general o si la condena también proyecto sobre la continuidad misma como funcionario de García Ortiz. Por lo tanto, el debate jurídico continuará.
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