Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial. / ep

El Supremo dictará mil sentencias menos al año por la interinidad del CGPJ

Un informe del Gabinete Técnico advierte de que una de cada cinco plazas de magistrado estará vacante si PSOE y PP no renuevan el Consejo

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madrid

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, presidida por Carlos Lesmes, ha aprobado el informe que solicitó al Gabinete Técnico sobre la situación a la que se enfrentarán las diversas Salas en el caso de que se prolongue la imposibilidad legal de cubrir las vacantes de magistrados asociada a la interinidad del Consejo General del Poder Judicial, que lleva cerca de tres años en funciones.

El informe concluye que la situación, de prolongarse en el tiempo, será «insostenible» y «va a implicar que se dictarán aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas, con alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y se retrasarán enormemente las decisiones de inadmisión que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año».

El Gabinete Técnico analiza la compleja situación que afronta el tribunal con 11 plazas sin cubrir -un 14% de su plantilla de 79 magistrados-, que se ampliarán a 16 el próximo año, con la jubilación de otros cinco magistrados, lo que supondrá el 20% de su plantilla vacante, una de cada cinco jueces, tal y como adelantó este periódico en abril pasado.

«Una situación que no hay organización que pueda resistir, máxime cuando tales vacantes se producen en puestos que, evidentemente, no tienen articulado un sistema legal de sustitución como en el resto de puestos de la carrera judicial», advierte el documento.

Consecuencias desfavorables

El Supremo señala que las consecuencias desfavorables repercutirán tanto en la fase de admisión de los recursos de casación como en la de enjuiciamiento y decisión. «Tal estado de cosas no puede ser remediado, por más que se quiera hacer el sobreesfuerzo, asignando más ponencias a los magistrados/as, porque la formación de la doctrina jurisprudencial que ha de orientar la actividad de todos los órganos judiciales requiere un estudio y deliberación muy reflexivo y cuidado de los recursos».

La imposibilidad de cubrir las plazas vacantes se articuló en una ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, que impide al CGPJ en funciones hacer nombramientos de altos cargos de la judicatura y que entró en vigor a finales de marzo.