Rafael Mozo preside una reunión del pleno del Poder Judicial. / R. C.

El sector conservador del CGPJ fuerza el día 22 la votación de candidatos al TC

En el trasfondo del paso, sin acuerdo por ahora con los progresistas, aflora el malestar con el Gobierno y el veto a la candidatura del juez José Manuel Bandrés

Lourdes Pérez
LOURDES PÉREZ

El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial ha optado por mover ficha y forzará el día 22 de diciembre, cuando estaba previsto el pleno del órgano de gobierno de los jueces, una votación sobre los dos nombramientos que debe realizar y que llevan pendientes tres meses para cubrir las vacantes de su competencia en el Tribunal Constitucional. La propuesta no cuenta con la anuencia de los negociadores del ala progresista, lo que anticipa, al menos por ahora, que los vocales llegarán divididos y sin acuerdo a esa sesión plenaria. Con el trasfondo del malestar que ha generado el golpe de mano del Gobierno, al tratar de presionar al CGPJ con la elección de los dos magistrados que le corresponden al Consejo de Ministros con un notorio perfil político -el exministro de Justicia Juan Campo y Laura Díez, hasta hace seis meses alto cargo de la Moncloa-, los conservadores, mayoritarios, pretenden contrarrestar la acusación de que son ellos los que bloquean las designaciones. Pero la maniobra tiene más largo alcance, porque tras ella aflora el cuestionamiento del candidato planteado por los progresistas, el juez del Supremo José Manuel Bandrés y un inédito pulso entre poderes del Estado.

Los interlocutores de las dos sensibilidades que conviven en el Consejo llevan un par de días manteniendo nuevos contactos para dar cobertura a las plazas del TC que recaen bajo su responsabilidad y que requieren de una hegemonía cualificada de 11 votos para prosperar; preponderancia de la que no disfrutan por sí solos ninguno de los dos bloques. Los progresistas atribuyen a una indebida e intencionada dilación de los conservadores el hecho de que la parálisis de los nombramientos persista cuando el mandato de las Cortes, forzado a su vez por una contestada iniciativa de los grupos del Gobierno para acelerar el proceso con el CGPJ en situación interina y variar así los equilibrios en el Constitucional, era que procedieran a los mismos para mediados de septiembre. Los aludidos no solo niegan la mayor, sino que han optado por apretar el paso ahora, en coincidencia con la decisión del Gobierno de propulsar a Campo y Díez, anunciando que ellos someterán a votación sus propuestas el día 22. Aunque no medie un pacto, obligado para que las designaciones salgan adelante, con los progresistas.

El sector conservador se ha cuidado de precisar que no se pronunciará con carácter «colectivo» sobre la medida adoptada por Sánchez, pero lo que late en sus filas es la disconformidad con los «perfiles absolutamente partidarios» por los que se ha decantado el presidente, según la definición de un vocal consultado. Este bloque cree que el Ejecutivo les ha cargado de razones para la objeción que vienen planteando en la mesa negociadora: que no van a participar de una elección «acrítica» de los futuros integrantes del TC, lo que implica, entre líneas, el veto al nombre propugnado por los progresistas: el veterano magistrado de la Sala de lo Contencioso del Supremo José Manuel Bandrés, con dos décadas de trayectoria en el alto tribunal y vinculado a la primigenia Jueces para la Democracia. Donde los promotores de su candidatura aprecian cualidades idóneas para ocupar una magistratura en el Constitucional, los conservadores ven un sesgo partidario con el que no parecen dispuestos a transigir. Y menos aún después de que el Gobierno le haya hecho el «flaco favor» a Bandrés, inciden los medios citados, de apostar por Campo y Díez.

El sector que va a forzar la votación del 22 -puede hacerlo porque basta con que cinco vocales pidan su inclusión en el orden del día del pleno- sí estaría dispuesto a considerar una posibilidad alternativa: la del también miembro del Supremo Pablo Lucas, cuyo prestigio tropieza, según otras fuentes jurídicas consultadas, con los recelos que suscita su figura en Esquerra Republicana al ser el juez encargado de velar por la legalidad de las actuaciones del CNI, bajo sospecha no despejada para los independentistas por el espionaje ilícito con Pegasus. El magistrado es hermano de Enrique Lucas, vocal del Consejo a propuesta en su día del PNV que se abstendría en la votación en el caso de que los progresistas rescataran una candidatura que ya sonó como posible en su momento.

Este sector concretó hace semanas que abogaba por Bandrés, pero sin llegar a promover su refrendo por el pleno del CGPJ. Los conservadores, cuya opción predilecta parece orientarse a un aspirante también con una notoria proyección pública -el integrante de la Sala de lo Penal del Supremo Pablo Llarena, el instructor de la causa que persigue por media Europa al expresident Carles Puigdemont, prófugo de la justicia tras la intentona secesionista de 2017-, han prolongado las conversaciones sin lanzar nombres específicos, en lo que sus interlocutores ven una táctica dilatoria para exhibir sus poderes; hasta que en la reunión de hoy han trasladado su determinación de acudir al pleno de final de año para votar sobre las magistraturas del TC, aunque ello conduzca a la frustración por falta del imprescindible consenso entre las partes. Si el bloqueo no se desanuda, ello compromete al Gobierno y, por extensión, al Constitucional. No solo porque dos de sus cuatro vacantes seguirían sin candidatos a ocuparlas. También porque sus magistrados, con disensiones internas, no van a examinar como procede a Campo y Díez hasta que el CGPJ no proceda a sus designaciones.