Pedro Sánchez y Pablo Casado, durante la entrega de los premios Carlomagno, día en que se dio a conocer el acuerdo para renovar las instituciones.

PSOE y PP afrontan con expectativas la renovación del Poder Judicial antes de Navidad

La negociación está abierta tras el acuerdo por el Tribunal Constitucional y existe conciencia sobre la grave disfunción judicial que provoca el bloqueo político

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madrid

Noviembre será un mes determinante para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato va camino de cumplir tres años en funciones, récord absoluto en democracia. El escenario actual se antoja casi definitivo para sacar antes de Navidad al órgano del gobierno de los jueces del bloqueo político, protagonizado por PSOE y PP. Una interinidad que ya está provocando graves disfunciones en la organización de los tribunales más relevantes, con 48 plazas discrecionales sin cubrir de altos cargos y cientos de sentencias paralizadas en las distintas jurisdicciones del Tribunal Supremo.

La reciente renovación de parte de los órganos constitucionales, anunciada el 21 de octubre por socialistas y populares, cuyos escaños suman los tres quintos necesarios, ha reabierto de nuevo los puentes negociadores para poner fin a la alargada interinidad del CGPJ. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el número dos del PP, Teodoro García Egea, tratan de allanar ahora el camino aprovechando la «buena sintonía» que ha dejado los términos globales del acuerdo en el Tribunal Constitucional, según comentan fuentes jurídicas.

Ambos aceptaron sin matices los cuatro nombres propuestos para renovar un tercio de la corte de garantías. Bolaños cedió para que su interlocutor se decantara por un jurista tan significado como el catedrático Enrique Arnaldo, colaborador de la fundación FAES, o la magistrada Concepción Espejel. Esta juez fue recusada para juzgar el 'caso Gürtel', cuya condena en la pieza principal motivó la moción de censura contra Mariano Rajoy, porque su imparcialidad estaba comprometida por su cercanía al PP.

Por su parte, García Egea no puso reparos en la magistrada Inmaculada Montalbán, elegida por el PSOE para ser vocal del CGPJ en el mandato 2008-2013, o el juez Ramón Sáez Valcárcel, una elección que se atribuye directamente Unidas Podemos como socio de coalición en el Gobierno.

Y es que la presencia del grupo parlamentario confederal en la ecuación para elegir a 12 de los 20 vocales del Consejo se ha marcado como una de las líneas rojas del PP en esta negociación. Sin embargo, se da por hecho que en esta nueva ventana de oportunidad se ha eliminado este obstáculo y las discrepancias solo se darían en los nombres.

Las fuentes consultadas reiteran que los populares no van a aceptar la presencia de uno de los dos jueces que decantó la sentencia de 'Gürtel' y redactó las referencias al partido y a Rajoy: José Ricardo de Prada. Tampoco de la magistrada en excedencia Victoria Rosell, exdiputada de Podemos y actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género.

Garantías para cambiar la ley

El PP, en cambio, sí estaría dispuesto a aceptar la renovación del CGPJ con el actual sistema de nombramiento e, incluso, admitir que el PSOE debe tener mayoría simple en la designación de vocales por su actual representación parlamentaria. No obstante, para justificar su relato sobre la necesidad de despolitizar el Consejo, García Egea quiere garantías por escrito de que los socialistas reformarán en esta legislatura o a apoyarán en la siguiente la modificación de Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces elijan a la más de la mitad de sus pares (12 de los 20 vocales, el 60%), tal y como reclaman la mayoría de la asociaciones judiciales y las instituciones europeas.

En suma, en este renovado escenario para pactar la composición del nuevo Consejo se vislumbra otro componente que apremia a los negociadores. La mano derecha de Pedro Sánchez en Moncloa y de Pablo Casado en Génova son cada vez más conscientes del desgaste que supone la persistencia del bloqueo de este órgano constitucional, encargado del funcionamiento de los juzgados y tribunales y de velar por la independencia de sus miembros. Una presión añadida para no demorar más el pacto.

Tanto en el acto de apertura judicial, a principios de septiembre, como en los fastos de la Fiesta Nacional del 12 de octubre hubo mensajes directos a los implicados, entre ellos a Casado, de altas instituciones del Estado para que retomen cuanto antes las negociaciones dada la «grave situación» que está suponiendo la interinidad del Consejo, señalan fuentes conocedoras de estos contactos. «Una reacción a la desesperada» de actores que, en teoría, deberían mantenerse neutrales, pero que optaron por intervenir para «hacer entrar en razón» a los interlocutores y salir del bloqueo partidista.

El resultado fue positivo, ya que solo nueve días después de esta intervención se anunció el acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos. Un primer paso que abre un nuevo escenario para sacar al CGPJ de una interinidad que ya dura casi tres años.

Una asociación de jueces lleva a Estrasburgo el bloqueo

La asociación de jueces Francisco de Vitoria, una de las más beligerantes contra el actual sistema de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha denunciado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, la «inactividad» del Congreso y el Senado por no convocar las votaciones para renovar a los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces.

Desde el colectivo aseguran que las Cámaras están totalmente supeditadas a los intereses de los dos principales partidos, PSOE y PP, cuya suma de tres quintos les permite llegar a un acuerdo en solitario para la renovación. Una situación que ha favorecido la actual parálisis, ya que no ha primado el mandato constitucional de renovar el Consejo cada cinco años. Además, elreciente acuerdo en el Tribunal Constitucional «hace temer lo peor» en la negociación del CGPJ.

La asociación judicial recuerda que acude a la justicia europea, una vez que el Tribunal Constitucional no admitió a trámite en julio el recurso de amparo presentado por seis magistrados sin entrar en el contenido y con la alegación de que el recurso estaba presentado «fuera de plazo».

Al no haber querido entrar a examinar el asunto por razones formales «muy discutibles», afirman, «nos vemos obligados a acudir a Estrasburgo». «Esperamos que nos dé la razón, poniendo de relieve la necesidad de despolitizar el CGPJ y dejando en evidencia el grave incumplimiento de sus obligaciones del Congreso y del Senado, que es el síntoma más evidente de que el sistema de designación actual está viciado».