La presidenta del Parlament, Laura Borràs, durante un pleno del Parlament / EFE

El TSJC recibe la causa penal contra Borràs

Junts insta a reformar el reglamento del Parlament para evitar que tenga que dimitir en caso de ser procesada

CRISTIAN REINO Barcelona

La causa penal contra Laura Borràs puede sumarse a la larga lista de dificultades que están encontrando ERC y Junts para desencallar la investidura. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ha hecho cargo esta mañana del caso, después de que el Tribunal Supremo se inhibiese, ya que la presidenta del Parlament dejó hace meses de ser diputada en el Congreso. Ahora es diputada autonómica. Borràs está investigada por los delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración. Está imputada por haber concedido, presuntamente, contratos a dedo a un amigo, durante su etapa como directora de la Institución de las letras catalanas. Fue su entrada en política, antes de ser consejera de Cultura, diputada en las Cortes y presidenta del Parlament, elegida esta legislatura. Según han informado fuentes del TSJC, la secretaría de la sala civil y penal del alto tribunal catalán ha registrado la recepción de la causa, se ha procedido al reparto según el turno, que ha recaído en el magistrado Jordi Seguí y se ha dado traslado a la Fiscalía para que informe de la competencia del tribunal.

Justo el día en que se ha conocido que el TSJC ha recibido la causa contra la presidenta de la Cámara catalana, Junts ha presionado a ERC para que se avenga a reformar un artículo del reglamento de la Cámara, que podría obligar a dimitir a la política nacionalista. La dirigente de Junts siempre ha negado las imputaciones y las atribuye a una persecución política como consecuencias de su condición de líder secesionista. Pero hay un artículo del reglamento de la Cámara catalana, que establece que si un diputado es procesado por una causa relacionada con la corrupción deberá ser acordada la «suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata». La consejera de la Presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó, dirigente de Junts, ha abogado esta mañana por reformar ese artículo para que los diputados juzgados por corrupción no sean suspendidos de forma preventiva. «El reglamento debe permitir afrontar de una forma diferente una realidad, que por desgracia en Cataluña vivimos, fruto de la represión», ha señalado e RTVE. «Obviamente», según ha recalcado, se estaba refiriendo a Laura Borràs. La CUP, por ejemplo, está en contra de reformar esta normativa, por lo que Junts difícilmente encontrará los suficientes apoyos. En caso de ser procesada, que se aparte o no dependerá de la presión que ejerza ERC.