Los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, ex altos cargos de Oriol Junqueras en su etapa de vicepresidente de la Generalitat, a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. / EFE

El TSJC reactiva la causa del 1-O

Los republicanos Jové y Salvadó están investigados por desobediencia, prevaricación y malversación: aún está pendiente el escrito de la Fiscalía

CRISTIAN REINO Barcelona

El TSJC ha notificado a las partes el fin de la instrucción del caso del 1-O, por el que están investigados los dirigentes de ERC, Josep Jové y Lluís Salvadó. Ambos son diputados en la Cámara catalana y en 2017 ocupaban altos cargos en la Vicepresidencia y la Consejería de Economía que lideraba Oriol Junqueras. Justo hoy hace cinco años, la Guardia Civil entró en el Departamento de Economía, en busca de pruebas sobre la organización del referéndum ilegal, que se saldó con 41 registros y 14 detenidos. La manifestación convocada por el independentismo bloqueó durante horas el acceso y la salida a la comitiva judicial a la consejería.

La protesta fue uno de los argumentos que sirvió de base para acusar y encarcelar a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por rebelión y por provocar una «movilización tumultuaria» de cerca de 40.000 en la Rambla Catalunya. Fue la antesala dos semanas antes del 1-O. Jové y Salvadó están acusados de desobediencia, prevaricación, revelación de secretos y malversación por la organización del 1-O. Jové dirige actualmente el grupo parlamentario de ERC en la Cámara catalana y durante el registro policial en su domicilio se le requisó una agenda 'moleskine', en la que tenía detallados los pasos hacia la independencia.

El caso judicial encara su fase final. Falta aún que el juez instructor dicte la conclusión del sumario y pida a las partes la apertura de juicio oral con el escrito de acusación en las próximas semanas, según han confirmado este martes los dos dirigentes secesionistas en Rac1. Ahí es donde el independentismo confía en que puedan dar frutos las negociaciones entre el Gobierno y el Govern en la mesa de diálogo. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, afirmó días atrás que no tendría sentido que los responsables de segunda fila del 'procés' vayan a prisión, cuando los máximos responsables, los consejeros de entonces, ya han sido juzgados, condenados e indultados. ERC espera que la Fiscalía rebaje la petición de penas. En esta misma causa está investigada también la actual consejera de Cultura del Ejecutivo catalán, Natalia Garriga, por su presunta participación en la organización y logística del referéndum como directora de servicios de la secretaría general de la Vicepresidència en 2017. Garriga está imputada por desobediencia.

Estos tres encausados son aforados y les investiga el TSJC, pero en su día formaron parte de la macrocausa en la que la Audiencia de Barcelona ha procesado ya a una treintena de personas, la mayoría de ellas altos cargos del Govern durante el 1-O. Son los responsables de menor rango de la organización del referéndum y están pendientes de juicio por malversación, desobediencia, falsedad y prevaricación. En este caso también está pendiente el escrito de acusación de la Fiscalía.