Pedro Sánchez, Quim Torra y Pere Argaonès, durante una reunión en Barcelona en 2018. / EFE

Sánchez congela los gestos a Esquerra a la espera de Madrid y Cataluña

En solo dos semanas, el PSOE ha evitado debatir una ley de amnistía y la Abogacía del Estado mojarse con los indultos

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERAS Madrid

Nada se mueve desde hace meses en la política de gestos de Pedro Sánchez hacia las fuerzas secesionistas catalanas y, de momento, no lo hará. El jefe del Ejecutivo no tiene previsto dar ningún nuevo paso hasta que Cataluña tenga Gobierno, pero además, evitará cualquier movimiento que pueda interferir con la campaña diseñada desde su gabinete en La Moncloa para las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.

La estrategia adaptada al perfil de Ángel Gabilondo para tratar de atraer el voto del electorado que abandona el barco de Ciudadanos sigue el mismo patrón que la que permitió a Pedro Sánchez retener en 2019 la Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy pero no alcanzar la mayoría soñada. Entonces, el líder del PSOE prometió cosas como traer de vuelta a Carles Puigdemont, volver a tipificar como delito los referendos ilegales o una ley para acabar con el «uso sectario» de TV3 por parte del independentismo.

Apenas dos meses después, todo aquello era papel mojado. Sánchez pactó con Esquerra poner en marcha una mesa de diálogo para abordar el estatus político de Cataluña a cambio de su investidura y, en su primera entrevista en TVE, ya como presidente de la XIV legislatura, anunció su disposición a reformar a la baja el delito de sedición por el que cumplen pena los condenados del 'procés'.

En la práctica, tampoco nada de lo anterior ha tenido lugar. Las urgencias de la pandemia se impusieron. Hasta la fecha, no se ha celebrado reunión de la mesa alguna. Lo único que hubo, el 6 de febrero de 2020, fue un encuentro entre Sánchez y el entonces presidente Quim Torra en el Palau de la Generalitat. El foro bilateral se tenía que constituir a final de ese mismo mes para empezar encuentros periódicos que nunca llegaron. Después, cuando vino la «nueva normalidad», el Tribunal Supremo confirmó e hizo firme la inhabilitación de Torra, Junts y ERC fueron incapaces de ponerse de acuerdo para elegir nuevo presidente y se convocaron elecciones en Cataluña.

En este tiempo, el Gobierno ha seguido haciendo guiños a los independentistas republicanos, a los que necesitaba para sacar adelante los Presupuestos y otras iniciativas legislativas. No ha habido nada efectivo, pero, entre otras cosas, accedió a crear una comisión con la Generalitat para armonizar el impuesto de Patrimonio (lo que desató la ira de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra la que iba dirigida la medida) y, desde finales de año, fueron muchos los mensajes de distintos miembros del Ejecutivo destinados a abonar el terreno de los indultos por el 1-O.

Evitar polémicas

El ministro de Justicia , Juan Carlos Campo, ya apuntó hace tiempo a que probablemente la medida de gracia no sería abordada por el Consejo de Ministros hasta junio. No se puede concluir que el Gobierno esté retrasando el asunto porque ni siquiera está listo aún el informe del Tribunal Supremo al respecto. Pero en plena precampaña madrileña, el Ejecutivo se ha ahorrado de manera evidente una polémica al evitar que la Abogacía del Estado, cuya opinión pidió recabar el sentenciador, se pronuncie.

El brazo jurídico del Gobierno, como parte afectada por la malversación de fondos públicos, elevó ya al alto tribunal su informe el pasado martes, pero en él adujo que no le corresponde manifestarse sobre la «justicia o conveniencia» del indulto porque de lo contrario podría entenderse que anticipa o determina el sentido de una decisión que solo compete al Consejo de Ministros.

El pasado 22 de marzo, un día después de que Gabilondo asegurara en su primera entrevista de campaña que rechaza todo extremismo y no pactará con «este Iglesias», además, el PSOE sumó sus votos a los del PP y Vox en la Mesa del Congreso y, en contra de su socio de coalición, Unidas Podemos, impidió que la cámara baja debata la 'ley de amnistía' promovida por los partidos soberanistas catalanes.

Tampoco se ha hecho nada por llevar a la cámara baja la reforma del delito de sedición, que según fuentes del Gobierno, está ya lista. El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, alegó el pasado lunes en una entrevista en 'La Vanguardia' que no está en absoluto claro que pueda salir adelante y aseguró que difícilmente tendrá el apoyo de los independentistas porque para ellos sería tanto como reconocer que cometieron un delito. En Moncloa aseguran que no descartan acabar llevando al Congreso esa reforma del Código Penal junto a la que revisaría los delitos vinculados con la libertad de expresión. Pero la decisión no está tomada.

De la armonización fiscal tampoco se habla desde que Ayuso adelantó los comicios. Gabilondo insiste cada vez que tiene ocasión en que no tiene intención de tocar los impuestos . Y aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en que tiene intención de que este año pueda abordarse la reforma del sistema de financiación con la que irán vinculados los cambios en Patrimonio o Sucesiones, el asunto se ha dejado «con calma» en manos de un nuevo grupo de expertos.