Los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de Justicia, Pilar Llop, este miércoles en el Congreso. / EFE

El PSOE impone un plazo de dos meses al Poder Judicial para renovar el Constitucional

El Gobierno consigue los apoyos para dar un paso más en la renovación de la corte de garantías gracias a los socios del bloque de investidura

Miguel Ángel Alfonso
MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid

Sin recesos ni paños calientes. El Congreso pasó en menos de un minuto de albergar el maratoniano debate sobre el estado la nación –que continuará hoy– a tratar la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y de nuevo se volvió a evidenciar que no hay consenso en esta espinosa cuestión entre Gobierno y oposición, que mantienen en funciones y por falta de acuerdo a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace más de tres años y medio. Una situación inédita desde la Transición.

Lo que se debatía este miércoles era si tramitar o no la reforma exprés promovida por el PSOE para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC), devolviendo al CGPJ su capacidad de designar a sus dos candidatos a la corte de garantías. Cuatro de sus magistrados debían haber sido sustituidos el pasado junio y esto no puede hacerse, en teoría, sin que el Poder Judicial proponga a dos de ellos.

Los grupos aceptaron tomar en consideración que esta propuesta se lleve a cabo en lectura única y por el trámite de urgencia con 183 votos a favor, 153 en contra y 8 abstenciones. Además del PSOE y Unidas Podemos, la respaldaron los socios del llamado bloque de investidura (ERC, PNV y Bildu), con la férrea oposición de PP, Vox y Ciudadanos.

Por tanto, la medida se debería aprobar sin sobresaltos en el pleno de este jueves y de una tacada –sin pasar por ponencia ni comisión– y se remitirá al Senado con intención de que quede aprobada definitivamente la próxima semana. Todo estaba ya anunciado hasta que a última hora de este miércoles saltó la sorpresa. A punto de finalizar el plazo para presentar las enmiendas a la modificación en el Congreso, el grupo socialista registró una en su nombre según la cual se obliga al caducado CGPJ a nombrar los dos magistrados del Constitucional que le corresponden antes del 13 de septiembre. Es decir, se impone al Poder Judicial dos meses de plazo para formalizar su elección.

La maniobra del PSOE viene precedida de la nada halagüeña reunión que mantuvieron el lunes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario Institucional del PP, Esteban González Pons. Fue el enésimo intento de tratar de desbloquear una renovación que acabó, una vez más, sin acuerdo.

«Legitimidad europea»

Los populares se sienten legitimados por la Comisión Europea, que este miércoles urgió a España a cambiar el sistema de elección de jueces lo antes posible para adaptarlo a los estándares europeos. «Bruselas avala nuestra propuesta para despolitizar la Justicia y la Fiscalía General. Reformemos la ley para garantizar la independencia judicial mientras renovamos el CGPJ. Seguimos dispuestos, y el Gobierno puede demostrar voluntad de acuerdo», escribió en las redes sociales el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo nada más conocerse la recomendación.

El pasado lunes el pleno del CGPJ acordó, por diez votos –incluido el del presidente, Carlos Lesmes– frente a siete en contra y dos en blanco, rechazar la propuesta del Gobierno y solicitar al Congreso que le escuche por ser parte de una reforma que le afecta directamente.