González Pons en una ruedade prensa en Génova el pasado julio. / Efe

El PP avisa de que Europa puede objetar y los socios critican las puertas giratorias

Podemos tacha de «cinismo» que el PSOE «vetara» a Rosell para el CGPJ y coloque a Campo ahora en el Constitucional

María Eugenia Alonso
MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid

Los nombramientos de Juan Carlos Campo y Laura Díez como magistrados del Tribunal Constitucional levantaron este martes ampollas entre la oposición, que acusó a Pedro Sánchez de intentar «colonizar» el tribunal de garantías. Pero tampoco convencieron a sus socios, para los que se trata de un nuevo ejemplo de «puertas giratorias». «Estamos ante un nuevo asalto a las instituciones. A Sánchez no le interesa la justicia. Lo que le interesa es la justicia 'sanchista', que es aquella que cree que está por encima del Estado, de la independencia judicial, y de todos los españoles », aseveró el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El ministro de los indultos va a ser ahora miembro deltribunal que nos tiene que decir si era o no constitucional lo que ´ estaba haciendo cuando era ministro de España A sánchez no le interesa la justciia. Lo que le interesa es la justcia sanchista. Es aquella que cree que estestña por encima del estado, de la indepnendica juical, y de todos los españoles

En Génova consideran que el jefe del Ejecutivo «ha ido demasiado lejos» con la elección de Campo y Díez, atacando la división de poderes, por lo que no descartan la intervención de la Unión Europea. «Una intromisión como la que se está produciendo del poder ejecutivo en el judicial, no puede pasar desapercibido ante los ojos de las instituciones europeas», señaló la secretaria general, Cuca Gamarra. «Es un mal día para la separación de poderes», lamentó, por su parte, el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons

El eurodiputado valenciano hizo hincapié en que no se trata de personas que tengan cierta ideología, sino de «miembros de un poder del Estado haciendo entrismo en otro poder del Estado» –como ocurrió con la anterior fiscales general del Estado, Dolores Delgado– y alertó de que ambos «deberán abstenerse» ante cualquier decisión que tenga que ver con las leyes aprobadas por el Gobierno. «Campo es el explorador que el Ejecutivo envía al Constitucional para colonizarlo», dijo Pons en una entrevista en Onda Cero, en la que calificó al extitular de Justicia de ser un «sheriff» de la Moncloa.

Los populares creen que el tiempo les ha dado la razón y que Sánchez «no quería el acuerdo que le planteó Feijóo» porque hubiera limitado este tipo de nombramientos. «Lo que ahora constatamos es que mientras fingían negociar con nosotros, con quienes habían negociado es con los independentistas», remarcó González Pons, encargado de negociar la fallida del CGPJ con el ministros de la Presidencia, Félix Bolaños.

Puertas giratorias

Durante las conversaciones, el Ejecutivo aceptó regular las llamadas puertas giratorias como exigían los populares. Según el acuerdo que estuvo sobre la mesa, los jueces y magistrados que fuesen nombrados para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no podrían reingresar al servicio activo de forma inmediata a partir del cese en los referidos cargos. El partido de Feijóo defendía en inicio que fuera durante dos años. Campo no cumpliría ese criterio porque dejó el Ministerio de Justicia hace 16 meses.

Vox, por su parte, acusó al presidente de ser un «autócrata» que tiene el objetivo de «destruir» España al elegir a Campo para el Constitucional, pues fue quien redactó los indultos para los condenados del 'procés'mientras que Ciudadanos calificó la decisión de «tropelía». «Nadie ha degradado más las instituciones que Sánchez. Está desguazando nuestra democracia para convertirla en su propia terminal política», censuró el vicesecretario general de los liberales, Edmundo Bal.

Los nombramientos cogieron también por sorpresa a los socios habituales del Gobierno, que no han ocultado su malestar por una decisión que no había sido consensuada con Unidas Podemos, que fueron informados de la decisión de Sánchez el lunes a última hora. «El PSOE está tensando demasiado la cuerda», avisan en el grupo confederal, que tachan de «cinismo»que los socialistas vetaran a Victoria Rosell para el CGPJ mientras «abre una puerta giratoria» al ex ministro Campo.

Para el líder de Más País, Íñigo Errejón, el Ejecutivo «ha perdido una buena oportunidad para interrumpir la costumbre de nombrar a dos cargos casi en ejercicio» para ocupar puestos en el Constitucional. Para su socios de Esquerra, los nombres de los dos aspirantes también «chirrían», como reconoció su portavoz parlamentario, Gabiel Rufián.