La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / EFE

El Gobierno aprovecha la rebelión energética de Ayuso para abrir brecha en el PP

La respuesta tibia de Génova al órdago de la baronesa madrileña da alas al PSOE para pedir a Feijóo que «ponga orden en su partido»

Miguel Ángel Alfonso
MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid

El Gobierno aprovechó este miércoles la rebelión de Isabel Díaz Ayuso contra el plan de ahorro energético para intentar ahondar en la brecha que existe dentro del Partido Popular en torno a la cuestión. Mientras la baronesa madrileña asegura que su comunidad no cumplirá con las propuestas del Ejecutivo, desde Génova no terminan de desautorizarla al tiempo que dan carta libre a ayuntamientos y autonomías«a cumplir o no» con el decreto-ley. En ese contexto, tanto la ministra de Justicia, Pilar Llop, como el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, repitieron idéntico argumentario para pedir al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que «ponga orden en su partido».

Como si una rémora de los tiempos en los que Ayuso cuestionaba el liderazgo de Pablo Casado, en Ferraz perciben esta situación como un síntoma de debilidad espoleados, además, por la confianza en que desde Bruselas no solo se respaldan estas medidas, sino que las consideran obligatorias. López, desde la sede del PSE en Bilbao, afeó a los populares que «no es la primera vez que pasa esto»y advirtió a Feijóo de que «incumplir las leyes es delito». Los socialistas acusan a la presidenta de la Comunidad de Madrid de «manifestar una absoluta insolidaridad con nuestros socios europeos, pero también insolidaridad con España».

A estas críticas se sumaron desde Podemos. La secretaria de Acción Institucional de la formación morada, María Teresa Pérez, criticó al presidente de los populares que «permita las barbaridades de Ayuso». «Despilfarra energía porque desprecia el sufrimiento de los ciudadanos. De hecho, diría que Ayuso se preocupa demasiado por los turistas y muy poco por los madrileños de la Cañada Real a los que deja sin luz en los peores momentos», declaró.

Mientras tanto, en Génova siguen haciendo equilibrios para no desautorizar a su baronesa tan solo quince días después de que el propio Feijóo reconociera que le parecían «bien»los planes de ahorro energéticos «que señalan límites para activar los aire acondicionados y en invierno la calefacción». «Debemos de bajar el consumo energético», afirmó entonces.

Ahora la dirección del partido asegura entiende el «enfado» de Ayuso, no tanto por el contenido de las medidas como por considerar que estas vienen «impuestas» desde Moncloa a través del decreto aprobado el lunes en el Consejo de Ministros. Tras subrayar que el PP no es un partido «monolítico», su coordinador general, Elías Bendodo, acusó al Ejecutivo de volver a «perder las formas» al no buscar el consenso. Al mismo tiempo que, como ocurre en el caso de la ley de secretos oficiales, tendió la mano al PSOE para pactar medidas en esta materia. «Tendemos la mano nuevamente al Gobierno para sentarnos a hablar de cómo abordar esta situación que ahora nos preocupa y que se puede complicar mucho a partir del otoño», declaró.

«Regímenes totalitarios»

Pero la líder madrileña ha encontrado en las medidas de ahorro energético, especialmente en las que afectan a comerciantes y otros autónomos, un nuevo 'casus belli' con el que confrontar directamente con Pedro Sánchez en la arena política. Este miércoles, en otro mensaje en su cuenta de Twitter, aseguró que el presidente «impone normas que solo obligan a la gente corriente, a los trabajadores, a los autónomos y los pequeños empresarios». «Como en los regímenes totalitarios, se reserva el derecho a hacer lo contrario a lo que pide», añadió.

Prueba de las dos almas que conviven en el PP, otros barones como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que revalidó su cargo con mayoría absoluta en junio, se muestran más dóciles con esta batería de medidas del Gobierno. «Las cosas son como son», reconoció el martes su consejero de Presidencia, Antonio Sanz. Galicia o Murcia sostienen, por su parte, que necesitan conocer primero la letra pequeña del decreto-ley, mientras que Castilla y Léon pide esperar a analizar la normativa antes de fijar una posición.