Puig, en Les Corts. / LP | Vídeo: EP

El Gobierno ve resquebrajarse su discurso fiscal en plena batalla con el PP

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERAS Madrid

El Gobierno vio este martes cómo al discurso en el que había decidido centrar su pugna con el PP se le abría una seria grieta. El anuncio del presidente de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig, de que deflactará el IRPF autonómico para las rentas inferiores a los 60.000 euros choca de lleno con la estrategia diseñada desde la Moncloa. El Ejecutivo lleva semanas acusando a los populares de haber emprendido una «desastrosa» competencia fiscal a la baja entre autonomías y rechazando la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de proporcionar en el ámbito estatal un «alivio fiscal» similar al valenciano para las rentas inferiores a los 40.000 euros. Su principal argumento en contra de la medida era que supondrá un vaciamiento de las arcas públicas en un momento en el que se deben reforzar las prestaciones y servicios sociales pero también que, pese a lo que pudiera parecer, una medida de esa naturaleza no solo beneficia a las rentas bajas.

La posibilidad de que Puig diera un paso en la dirección anunciada este martes durante el debate de política general en el Parlamento autonómico, estaba sobre la mesa y había sido apuntada por este periódico. Sin embargo, el anunció cogió con el pie cambiado al Gobierno. Entre otras cosas, porque hace tan solo cuatro días, al calor de las bonificaciones en el impuesto de Patrimonio de autonomías gobernadas por el PP como Madrid, Andalucía y Galicia, él mismo había reclamado que se introduzca en el sistema de financiación una penalización a las comunidades que decidan voluntariamente rebajar impuestos y renunciar por tanto a obtener mayores ingresos. Propuesta que, por otro lado, el Ejecutivo no ve «ni viable ni conveniente», según fuentes del ministerio que dirige María Jesús Montero.

La ministra de Hacienda muestra su malestar y carga las tintas contra el primer partido de la oposición por iniciar una "espiral" de "vaciamiento fiscal" y "obligar" a algunas autonomías a "hacer coscas que no quieren hacer" para poder competir

Es cierto que la iniciativa del Gobierno valenciano no es idéntica en su diseño a la de las autonomías del PP que ya habían abrazado la idea de «devolver a las rentas bajas y medias lo que han pagado de más por la inflación». Puig plantea una bajada del 10%, equivalente a la subida del coste de la vida pero, según aseguró, el efecto de esa bajada será «neutro» en el caso de las rentas superiores a 60.000 euros. Los Ejecutivos de Andalucía, Murcia y, desde este martes también, de Galicia abogan por un recorte más limitado, del 4,5% en unos casos y el 4,1% en otros, para las rentas inferiores a los 40.000 euros anuales, pero las rentas por encima de ese tope sí se beneficiarían del descuento en el primer tramo de su declaración. La Comunidad Valenciana, además, también amplía en un 10% todas las bonificaciones y sube un 10% el mínimo exento para evitar que las rentas más bajas queden en desventaja.

Giro de guion

El Gobierno ya había tenido que enfrentarse a las acusaciones de incoherencia del PP cuando el País Vasco (el PSE es socio minoritario en la coalición gubernamental con el PNV) anunció la segunda deflactación del IRPF en lo que va de legislatura. Pero este giro del guion, tiene mayor calado. Primero, porque está impulsado por una comunidad presidida por un socialista. Pero, además, porque llega justo cuando el Ejecutivo estaba preparando un paquete de medidas fiscales destinado a dar la réplica ideológica al PP.

Vídeo. Puig anuncia una reducción de impuestos a rentas de menos de 60.000 euros. / EP

En la mayoría de los casos, según anunció el lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los cambios impositivos se incorporarán en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y en otros, como el de la creación del nuevo impuesto temporal a las grandes fortunas, en leyes específicas. El Ministerio guarda con celo cuál será el contenido exacto de ese paquete, pero hasta ahora había dejado claro que su idea era acometer una serie de «subidas selectivas» que afecten a «quienes más tienen» y su rechazo tanto a la deflactación como a una bajada del IVA de alimentos básicos como la que demanda Feijóo era expreso.

Atrapada en el cambio de escenario, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, evitó este martes censurar directamente la decisión de la Comunidad Valenciana durante su comparecencia habitual en la Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros y se argumentó que la posición del Gobierno respecto a cuáles deben ser los «fundamentos» de la política fiscal «no han variado». «La política fiscal -insistió, en todo caso- no se diseña en abstracto. Cuando se reducen ingresos hay que plantearse de dónde se reducen y a quién afecta y nuestro compromiso es claro: respetamos a las comunidades autónomas pero hay que hacer una política responsable porque los recursos los vamos a necesitar para la sanidad, para los maestros, para la dependencia...».

Avanzada la tarde, la ministra de Hacienda sí marcó más claramente distancias con la medida del presidente valenciano, aunque insistió en cargar las tintas contra el PP por provocar un «efecto dominó» que causa, dijo, un «vaciamiento fiscal». En una entrevista en Onda Madrid, recriminó así a gobiernos como el de Isabel Díaz Ayuso que arrastren a otras autonomías a «hacer algo que ni siquiera quieren hacer para poder competir».

El PP pide «no perder más tiempo» y descontar la inflación de la renta en el ámbito estatal

El Partido Popular no ha desaprovechado la brecha abierta por el presidente de la Comunidad Valenciana en el discurso fiscal del Gobierno. «Ximo Puig, el Partido Socialista de Euskadi y Podemos Madrid apuestan por ajustar el IRPF a rentas medias y bajas como propone Feijóo. El Gobierno debe rectificar (otra vez) y ayudar a los españoles a afrontar la inflación con el IRPF, el IVA o con los dos. Pero que actúe ya», reclamó en su cuenta de Twitter.

El propio Feijóo recordó que también el Gobierno vasco, del que forma parte el PSOE como socio minoritario, ha apostado ya por la deflactación del IRPF y reclamó a los socialistas «que no digan una cosa y a 100 kilómetros la contraria» y que no descalifiquen al PP por cosas que están haciendo los gobiernos autonómicos del PSOE«.

«La decisión -abundó la secretaria general del partido, Cuca Gamarra- va en el camino correcto, siguiendo la iniciativa del PP. Cada día más barones se suman. Esperemos que esto se apruebe con carácter general para todos los españoles en los tramos que no son autonómicos».

Gamarra dio por sentado que tarde o temprano el Ejecutivo acabará haciendo suya la propuesta que lleva meses defendiendo su partido como pasó con la rebaja del IVA del gas o la última reducción del de la luz y le exigió que «no pierda el tiempo en al negación». «Acepten medidas que son buenas para los ciudadanos», zanjó.