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Gobierno y PP cierran en apenas 24 horas un pacto de renovación constitucional

La falta de acuerdo persiste sobre el CGPJ pero habrá nuevos nombramientos en el Tribunal Constitucional y otros tres organismos

PAULA DE LAS HERAS y MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid

Lo que no fue posible en meses o, en algunos casos, como el del Constitucional, años, lo fue en apenas 24 horas. El Gobierno y el PP anunciaron este miércoles al mediodía un acuerdo que permitirá proceder al relevo pendiente de cargos en ese tribunal, en el de Cuentas, en el Defensor del Pueblo y en la Agencia de Protección de Datos. El pacto se fraguó de manera exprés después de que Pablo Casado retara a Pedro Sánchez a sentarse a negociar durante la sesión de control al Ejecutivo del miércoles. La renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva tres años con el mandato caducado, sigue, sin embargo, bloqueada.

Los populares insisten en no negociar sobre el órgano de gobierno de los jueces hasta que el Ejecutivo se comprometa a hacer reformas legales para avanzar en su «despolitización» e «independencia». Sin embargo, hoy se vanagloriaron de haber demostrado con el movimiento «audaz» de su líder que son un partido responsable y con sentido de Estado. «Este acuerdo es un ejemplo de que el PP está y estará en los grandes acuerdos y los grandes consensos que sirvan para reforzar la institucionalidad de España; una de las claves de nuestra reciente convención», adujo el secretario general del partido, Teodoro García Egea.

Los nombres de las personas que estarán al frente de los distintos organismos no han sido aún revelados pero, según ambas partes, se darán a conocer en los próximos días. La intención es que puedan ser designados por la mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado, en una sesión plenaria que tendrá lugar en la semana del 25 de octubre. El ministro de la Presidencia y muñidor del acuerdo junto a García Egea, Félix Bolaños, admitió que si tan rápido entendimiento ha sido posible es porque no se partía «de cero» y las conversaciones quedaron «muy avanzadas» en el intento de renovación de febrero.

Hace ocho meses, los dos grandes partidos ya abrieron una negociación global como esta última, solo que entonces hablaron también del Poder Judicial. Fruto de ella se acordó la renovación del Consejo de RTVE pero el choque en la designación de vocales del órgano de gobierno de los jueces y la negativa del PSOE a aceptar el veto del PPs obre los jueces Victoria Rosell y José Ricardo de Prada dinamitaron las conversaciones.

Bolaños argumentó este miércoles que si ha sido posible el acuerdo que permitirá sustituir, después de casi dos años, a un tercio del Tribunal Constitucional, incluido su presidente, o acabar con la interinidad del Defensor del Pueblo, que lleva más de cuatro años en funciones, es por el «cambio de actitud» del PP. Y se mostró confiado en que esa «rectificación» abra también una «ventana» que permita desencallar la negociación del CGPJ.

No todos los socialistas son, sin embargo, tan optimistas. Algunos remarcan que el relevo de cuatro magistrados del Constitucional no alterará la mayorías vigentes, como sí ocurriría en el caso del Poder Judicial, que debe remplazar a toda su cúpula. El ministro de Presidencia, sin embargo, insistió en que la renovación es una obligación constitucional y aseguró que no tirará la toalla. Eso sí, dejó claro que el PSOE no votará a favor de un sistema de elección como el que ahora promueve el PP y defiende la Comisión Europea para que sean los jueces y no el Parlamento los que elijan directamente a doce de veinte vocales.

Bolaños recordó que la normativa actual se ha estado aplicando en los últimos 35 años. «Es un modelo profundamente democrático y es en el que creo», remarcó. Y aunque en la Moncloa confían en que el tiempo y la situación cada vez más insostenible en algunos tribunales como el Supremo -al borde del colapso ante la imposibilidad de cubrir vacantes- haga que los conservadores se replanteen el bloqueo, nada indica que vaya a ser así.

Nuevos contactos

Los de Casado insisten en que sólo renovarán el CGPJ si el PSOE claudica y se compromete a reformar la ley del Poder Judicial para que sean los jueces quienes elijan a los doce vocales judiciales del órgano, como piden las instituciones europeas, con el fin de garantizar una mayor independencia del órgano. «Todo es posible con voluntad y con intención de acordar, de ceder y de llegar a acuerdos y grandes consensos», reconoció García Egea, que seguirá conversando con Bolaños de forma discreta, como hasta ahora, para ver si es posible el acuerdo.

Los populares alegan que el pacto no incluirá, en todo caso, a Unidas Podemos, que hoy reivindicó su participación en la negociación entre Bolaños y García Egea «al ser parte del Gobierno». La ausencia de la formación morada en las conversaciones fue una de las primeras condiciones que pusieron los de Casado para sentarse a hablar con los socialistas y se mantiene como línea roja. «Es un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios», recalcan.

Desde Podemos mantienen, no obstante, que la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y el diputado Enrique Santiago han estado al tanto y han negociado con el PSOE la selección de nombres. «El Gobierno negocia en nombre del Gobierno, que está formado por dos partidos», zanjó la líder de la formación, Ione Belarra.

Vox les acusa de «gobernar juntos» y Cs de «repartirse» los sillones

El acuerdo entre el Gobierno y el PP para la renovación inminente de los órganos constitucionales con el mandato caducado, a excepción del CGPJ, ha levantado ampollas entre el resto de grupos que asistieron este jueves como meros espectadores del pacto. Vox acusó a los populares de gobernar junto al PSOE mientras Ciudadanos cargó contra el bipartidismo por «un teatrillo oscuro» para repartirse los sillones como si fueran «cromos». «Para lo realmente importante no se ponen de acuerdo», lamentó el vicesecretario general de los liberales, Edmundo Bal.

El líder de Vox, Santiago Abascal, fue de los primeros en criticar el acuerdo exprés –fraguado en apenas 24 horas – porque sólo sirve para «dar oxígeno» a los socialistas y para revelar la voluntad de PP y PSOE de «gobernar juntos para que nada cambie». Abascal arremetió con dureza contra Pablo Casado por compartir la «agenda progre» de Pedro Sánchez y por «está más cerca del PSOE» que de sus propios votantes. «Es exactamente lo contrario –afeó al líder del PP– de tener sentido de Estado».

Los mismos argumentos en contra del pacto esgrimió la secretaria general del partido ultraderechista en el Congreso, Macarena Olona recordando además los «varapalos judiciales» recibidos por el Ejecutivo en las últimas semanas como consecuencia de los recursos interpuestos por Vox al estado de alarma o al 'parón' de la Cámara baja por la pandemia. «Dar oxígeno al Gobierno que ha pactado con todos los enemigos de España para llegar a la Moncloa y mantenerse en ella es exactamente lo contrario a tener sentido de Estado», zanjó.

Para Ciudadanos, el acuerdo es «lamentable» y una «falta de respeto» para los españoles. La formación de Inés Arrimadas acusa a PP y PSOE de seguir repartiéndose los cargos en las instituciones del Estado «sin contar el mérito, la capacidad y la transparencia».

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, consideró «alucinante» que socialistas y conservadores hayan logrado el acuerdo «en un plis plas» y descartó que su grupo vaya a sumarse a ese consenso. «Que se lo guisen y se lo coman ellos», afirmó en la Ser.