Primera querella contra el Govern por instar a las escuelas a no acatar el fallo sobre el español

Hablamos Español denuncia al consejero catalán de Educación por un presunto delito de prevaricación

CRISTIAN REINO Barcelona

La entidad constitucionalista Hablamos Español se ha querellado contra el consejero catalán de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, por un presunto delito de prevaricación. La plataforma partidaria del bilingüismo en la escuela catalana ha denunciado ante la Fiscalía al dirigente nacionalista, pues entiende que, con la carta que envió a los directores de los centros tras la sentencia que obligó a la Generalitat a impartir un mínimo del 25% de las clases en catalán, impartió instrucciones para que el fallo judicial no se acatara.

En su misiva, según recoge la querella, el consejero insta al profesorado a que no hagan cambio alguno en sus proyectos lingüísticos por motivo de la sentencia. «No cabe mayor prevaricación que quien ocupa las más altas responsabilidades administrativas llame a pisotear al poder judicial», señala esta entidad. Hablamos Español denuncia además lo que a su juicio es una «voluntad inequívoca y arbitraria» por parte del Govern de «abolir» el Estado de Derecho en lo que se «refiere al derecho a recibir la enseñanza en castellano en Cataluña» y por tanto a su entender implica «violentar los derechos constitucionales de los ciudadanos, plasmados en el derecho a que toda sentencia firme sea cumplida en sus propios términos».

La plataforma constitucionalista considera además que el Govern puede incurrir en discriminación por razón de lengua.

Tras conocerse la resolución del Tribunal Supremo, el Gobierno, que fue quien en 2015 denunció al Govern, lo que derivó en la sentencia del TSJC que ahora ya es firme, se puso de perfil y dijo que es el Tribunal Superior de Cataluña el que tiene que instar a la ejecución del fallo. No consta, no obstante, que lo haya hecho. En cuanto lo haga, la Generalitat tendrá dos meses para aplicar la sentencia.

Pese a todo, el Govern catalán se mostró este martes convencido de que la querella no prosperará y la Fiscalía la acabará archivando. «A nivel jurídico, esto tiene muy poco recorrido», afirmó al respecto la portavoz del Ejecutivo catalán, Patricia Plaja.