La Policía sitúa la procedencia de los paquetes bomba en Valladolid

Los investigadores no han solicitado practicar ninguna diligencia al juzgado de la Audiencia Nacional que lleva el caso al no existir sospechosos

Javier Arias Lomo
JAVIER ARIAS LOMO

Las seis cartas con material pirotécnico enviadas al Palacio de la Moncloa, las embajadas de Ucrania y Estados Unidos, la ministra de Defensa, Margarita Robles, una empresa de armamento de Zaragoza, y a la base aérea de Torrejón de Ardoz fueron enviadas desde la provincia de Valladolid. Así lo aseguran los investigadores en un escrito remitido el viernes por la noche por la Policía al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga los hechos. Todos estos sobres habrían sido enviados por una misma persona.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional aclara que los investigadores no piden practicar diligencia alguna al no existir el menor rastro del autor de los envíos. Según fuentes jurídicas, las pesquisas «están lejos de estar encauzadas entorno a una hipótesis concreta». Las investigaciones de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional ya apuntaban este mismo jueves en una misma misma dirección: detrás de la campaña de cartas explosivas de los últimos días están «elementos aislados» prorrusos residentes en España y con una «escasísima estructura operativa». Nada que ver, según la tesis policial, con los servicios secretos del Kremlin o algún desconocido grupo terrorista antioccidental. Y ninguna relación guardaría tampoco con los sobres ensangrentados y con ojos de animales aplastados que varias embajadas de Ucrania en Europa –también la de España este viernes– han recibido en los últimos días.

A pesar de la evidente dificultad para averiguar quién está detrás de estos envíos, la realidad es que la alarma haberse reducido en las últimas horas. Durante el viernes no hubo noticias sobre ningún sobre. Y la «escasa capacidad» de los artefactos recibidos –con una potencia similar a la de la pólvora, según los desactivadores– impide, por el momento, tomar medidas de mayor calado.

De hecho, este jueves el número 2 del Ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, descartó elevar el nivel de alerta antiterrorista, que desde junio de 2015 se mantiene en «alto» y que ni tan siquiera se aumentó en agosto 2017 tras los atentados yihadistas de Cataluña. Lo que sí hizo la propia Secretaría de Estado de Seguridad tras el descubrimiento el pasado 24 de marzo de la carta con explosivos dirigida a Sánchez fue ordenar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil extremar las medidas de protección de las administraciones y edificios públicos, especialmente en lo referente a los «controles sobre los envíos postales».

La principal hipótesis es que detrás de estas acciones están uno o varios individuos que tienen como objetivo sedes de instituciones, empresas y legaciones diplomáticas de países que se han posicionado en contra de Rusia por invadir Ucrania. Los funcionarios policiales creen que los autores son autóctonos, como probaría que todos los envíos se efectuaron desde España hace unos días, usando la red de Correos y sellos comprados en territorio nacional.

El primer artefacto de los seis recibidos fue el que el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno descubrió diez días atrás –y que hasta este jueves Interior no desveló–; el segundo fue el único que llegó a estallar y causó heridas leves a un trabajador de la Embajada ucraniana; el tercero llegó a la sede central de Instalaza, una empresa armamentística situada en Zaragoza; el cuarto se halló fue desactivada intacto en Torrejón; el quinto fue descubierto en el Ministerio de Defensa por funcionarios y estaba dirigida a Margarita Robles; y el sexto y último fue el que apareció en la embajada estadounidense de Madrid este jueves por la mañana.

Temas

España