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Martes, 25 de enero 2022, 17:58
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La Mesa del Parlament ha acordado este martes por unanimidad eliminar las prejubilaciones de oro que han cobrado decenas de funcionarios desde 2008 y sin necesidad de trabajar.
La Cámara catalana ha decidido suprimir el artículo 79 de los estatutos del régimen y el gobierno interiores del Parlament, que regula las llamada licencias de edad del personal funcionario de la cámara. La supresión definitiva del artículo deberá aprobarse en la comisión de asuntos institucionales, que es la comisión legislativa competente en materia de función pública. Según el reglamento de la cámara, antes de la aprobación definitiva en comisión, corresponde a la mesa ampliada, que forman los miembros de la Mesa y un diputado de cada grupo que no tiene representación, la elaboración de la propuesta de modificación de la nueva normativa laboral. Además, el Consejo de Personal debe ser escuchado preceptivamente.
Las prejubilaciones de lujo se aprobaron en 2008, bajo la presidencia del republicano Ernest Benach, y el conocimiento público de su existencia ha provocado una tormenta política en Cataluña. Podían acogerse a estas pagas los funcionarios que llevaran más de 15 años trabajando en la Cámara catalana y tuvieran más de 60 años. Durante cinco años y antes de jubilarse, podían cobrar un sueldo sin necesidad de trabajar. Los sueldos rondaban entre los 4.000 y los 10.000 euros, según la categoría profesional.
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El exletrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, ha cargado este martes contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Bayona ha enviado un documento a la Mesa en el que plantea abrir una investigación sobre las trabas que a su juicio ha puesto la cámara en el caso sobre las 'licencias de edad'. «Lo sensato sería investigar a nivel interno y que se pudiera abrir una investigación para poder comprobar cómo ha funcionado todo esto», ha afirmado en Rac-1. En concreto, ha cargado contra la secretaria general del Parlament, Esther Andreu, nombrada por Laura Borràs. Según Bayona, obstaculizó sistemáticamente una información reclamada por el diario 'Ara', que fue el que destapó estos privilegios, a pesar de que ya en 2009 la prensa catalana hablaba de ellos.
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